El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que La Libertad Avanza está trabajando en varios decretos para fusionar organismos públicos. Según el funcionario, el objetivo del Gobierno es realizar un ajuste significativo en el Estado, que busca, a su entender, mejorar la situación económica del país y, de paso, sacar a diez millones de personas de la pobreza. 

Sturzenegger se mostró firme al afirmar que la reducción del gasto estatal es una política “indeclinable”. Durante una entrevista en el programa La Cornisa, Sturzenegger utilizó un pin de motosierra como símbolo de esta política de desregulación. En su charla con Luis Majul, el ministro criticó la cantidad de organismos descentralizados que existen actualmente, argumentando que tienden a complicar los trámites y a generar duplicidades en las funciones. 

Plan motosierra: el Gobierno confirmó la fusión de organismos públicos y despidos en el Estado

“Vamos a volver a centralizar eso”, afirmó, en un intento de simplificar la estructura del Estado. En octubre, el Gobierno presentó el proyecto de Ley Hojarasca, que propone la eliminación de alrededor de 70 leyes que se consideran obsoletas o restrictivas. Para Sturzenegger, esta acción es crucial para optimizar el funcionamiento del sistema económico. También mencionó que la descentralización ha llevado a la creación de organismos que, en su opinión, duplican tareas y recursos.

 El panorama que se plantea es complejo, ya que cada organismo tiene su propia estructura de personal, lo que incluye desde contadores hasta departamentos jurídicos. La centralización, según el ministro, permitiría aprovechar mejor los recursos humanos del Estado y evitar gastos innecesarios. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la reestructuración podría generar tensiones entre los diferentes actores políticos que no están dispuestos a ceder poder. 

Las fuentes cercanas al proceso indicaron que existen múltiples oficinas que podrían cambiar o desaparecer de la estructura actual. En este sentido, se espera que, tras finalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno lleve a cabo un debate interno para definir la nueva estructura administrativa que acompañará el segundo tramo de su mandato. La expectativa está en cómo se llevarán a cabo estas modificaciones y qué impacto tendrán en la gestión pública.