Grave denuncia: una licitación por $ 81 mil millones se definió en apenas tres días
La empresa Moviser llevó el caso a la justicia al entender que hubo irregularidades en la concesión del transporte y en la disposición final de la basura del consorcio capitalino.
La empresa Moviser SRL presentó una demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán para solicitar la nulidad de la adjudicación del contrato de transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos del Gran San Miguel de Tucumán.
Según la firma, la resolución favoreció de manera irregular a una unión transitoria de empresas (UTE) conformada por ESUR S.A. y CIAGESER S.A.
La acción judicial impulsada por Moviser sostiene que la adjudicación realizada por el Consorcio Público Metropolitano GIRSU violó las normas de licitación, principios constitucionales de igualdad y transparencia, y normas impositivas vigentes.
La empresa también pidió como medida cautelar que se suspenda la ejecución del contrato hasta tanto haya una sentencia firme, para evitar perjuicios irreparables.
Denuncian serias irregularidades en el proceso licitatorio
De acuerdo con la demanda, el proceso de licitación estuvo viciado desde su inicio. Moviser sostiene que los plazos establecidos para adquirir los pliegos y presentar ofertas fueron exiguos —apenas cinco días hábiles, incluyendo feriados—, lo que habría favorecido un conocimiento anticipado y privilegiado por parte de la UTE adjudicataria.
Además, Moviser expuso que, al momento de presentar su oferta, la UTE no cumplía con requisitos esenciales de los pliegos, como acreditar una representación legal válida y constituir debidamente su garantía de oferta.
Según la denuncia, las actas presentadas no cumplían con las exigencias del Código Civil y Comercial para las Uniones Transitorias de Empresas, carecían de poder especial elevado a escritura pública y no contaban con inscripción ante el Registro Público de Comercio.
Falta de pago del impuesto de sellos y errores en los costos
Otro de los puntos críticos señalados en la demanda es que la póliza de caución presentada por la UTE no habría acreditado el pago del impuesto de sellos exigido por la normativa provincial, hecho que —de confirmarse— haría inválida la garantía de oferta y tornaría inadmisible su propuesta.
Además, Moviser acusó a la comisión de preadjudicación de realizar una evaluación técnica y económica defectuosa. A través de una certificación contable adjunta, la empresa demostró que, si se homogeneizaran los parámetros de ambas ofertas, la propuesta de la UTE adjudicataria resultaría un 60 por ciento más cara que la de Moviser, contraviniendo el principio de selección de la oferta más conveniente para el interés público.
Reclaman proteger la legalidad y evitar perjuicios económicos
Moviser advirtió que, de no suspenderse la ejecución del contrato, la situación podría generar un daño económico irreparable para la provincia y para el sistema público de licitaciones. Argumentan que permitir la ejecución de un contrato presuntamente nulo comprometería gravemente el interés público, afectaría la competencia y premiaría prácticas contrarias a la ley.
La demanda también advierte que ya hay una fecha prevista para la cesión del servicio a la UTE —el 1 de mayo de 2025—, por lo que solicita el dictado urgente de una medida cautelar de no innovar.
Contexto del conflicto
Moviser SRL presta el servicio de transporte y disposición final de residuos en el área metropolitana de Tucumán desde 2012. La actual concesión culmina el 30 de abril de 2025. Tras el llamado a licitación pública N°01/2025, que tuvo un presupuesto oficial de 81.000 millones de pesos, Moviser presentó su oferta junto a otras empresas. Sin embargo, la adjudicación fue otorgada a ESUR-CIAGESER, decisión que ahora se encuentra judicializada.
El expediente se tramita en el fuero contencioso administrativo y podría sentar un precedente relevante en materia de contratación pública en la provincia.
El texto completo de la denuncia