Jaldo espera una decisión de la Nación que encamine las cuentas públicas

La decisión política de apoyar la gestión del presidente Javier Milei, que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo una vez que se confirmó la llegada del libertario a la presidencia, abrió las puertas para que la provincia acceda a un beneficio que podría encaminar definitivamente el ordenamiento de las cuentas públicas.

Este fue el objetivo primordial que marcó el camino a seguir por el mandatario tucumano, que desde que se instaló en la Casa de Gobierno, impuso fuertes recortes en las erogaciones del estado provincial, logrando un ahorro que permitió afrontar los primeros meses de gestión, en medio de la incertidumbre ante la falta de definición del escenario nacional.

Esa estrategia se acentuó en sintonía con las primeras medidas de Milei, tenientes a ordenar un estado nacional al borde de una crisis económica terminal, mientras el mandatario tucuamno dejaba en claro su apoyo a la nueva gestión federal, instruyebdo a los representantes tucumanos para que votaran a favor de la transformación impulsada por el nuevo presidente.

Refinanciación de una abultada deuda

Esto le permitió a Jaldo ubicar a Tucumán en una lista preferencial en la que se alinearon las gobernaciones que actuaron en coincidencia con la Casa Rosada, a las que se les retribuyó atenuando las reducciones en los fondos coparticipables y, en el caso del Jardín de la República, con un diferimiento en el cobro de los intereses generados por la astronómica deuda contraída por la Provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Interior, durante la gestión de Juan Manzur.

Y es precisamente en este terreno donde aparece una luz al final del túnel, ya que como parte de ese grupo, Tucumán puede acceder a un plan de refinanciación de ese pasivo, que en el caso de la provincia oscila entre 80 mil y 95 mil millones de pesos, programa que se extendería por tres años, incluyendo uno de gracia.

El beneficio, que podría ser anunciado en consonancia con la reunión prevista en Córdoba para la firma del Pacto de Mayo, representaría un fuerte alivio para las arcar públicas, ya que permitiría empezar a planificar el manejo presupuestario con un horizonte más amplio.