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24 de mayo de 2022


Récord histórico: en 2022 hubo más de 2500 piquetes

El 2021 concluyó con un total de 6.658 cortes. Si la tendencia se prolonga durante este año, podría cerrarse con 11.300 piquetes. En cuatro meses ya hubo 2.500.

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2022 podría concluirse con un número aproximado a los 11.300 piquetes.

Mientras siguen resonando los ecos de la masiva marcha federal piquetera que desde múltiples partes del país confluyó hoy en Plaza de Mayo, se tornan cada vez más plausibles los indicios que auguran que el presente año estará caracterizado por un nivel de conflictividad en las calles sin precedentes.

En este sentido, el nuevo informe de Diagnóstico Político sobre cortes en la vía pública ratifica una tendencia iniciada ya el año pasado, consistente en un continuo incremento de los piquetes mes a mes y que llevó a que 2021 concluyera con un total de 6.658 cortes (el segundo año con mayor número del que se tenga registro).

Así, los 908 piquetes registrados en abril, sumados a los 411 de enero, los 460 de febrero y los 813 de marzo, totalizan una cifra (2.592) que representa una suba del 73% con relación al primer cuatrimestre del año pasado. Por lo que de mantenerse la progresión durante 2022, podría concluirse con un número aproximado a los 11.300 piquetes, récord absoluto.

Desde ya, la concreción de tal proyección quedará supeditada a una suma de situaciones. Pero si se analizan las principales causas detrás de semejantes cifras, no surgen razones objetivas para esperar que la mencionada posibilidad no se consume.

Tres factores centrales para explicar el actual ambiente de convulsión social y protesta en las calles

En primer término, una situación socioeconómica explosiva que empeora año a año, con un aumento incontenible de la inflación y un nivel de pobreza estructural cada vez mayor.

Las perspectivas a futuro de estos indicadores son sombrías, si se considera que la inflación proyectada para el año supera el 65% y, sobre todo, que la resolución real de la problemática social supone un abordaje múltiple y de largo plazo (que engloba diversos campos como el laboral, el económico y el educativo entre otros) que aparece muy distante de la capacidad concreta de la clase dirigente actual.

Esta bomba de tiempo social constituye sin dudas un caldo de cultivo para la protesta. Más aún, resulta poco verosímil esperar que ante la evidente dinámica de pérdida de ingresos que padece sobre todo la población inmersa en la economía informal, expresiones organizadas que logran representar a estos sectores –como las agrupaciones nucleadas en la Unidad Piquetera- no se vuelquen cada vez más a las calles.

   

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En segundo orden, el contexto político actual se presenta con una creciente inestabilidad. La continua disputa en la coalición gobernante expone de manera implacable la ya muy deteriorada figura presidencial, y abre así un escenario de vacío de poder e incertidumbre.

De este modo, la debilidad de Alberto Fernández es percibida por los líderes de las organizaciones de izquierda -menos favorecidas en el reparto de fondos públicos que las aliadas al oficialismo- como una oportunidad para ejercer presión a fin de obtener más recursos y su consiguiente rédito político.

En efecto, y más allá de la consigna de la marcha recién finalizada “por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza”, el detonante de la movilización estuvo dado por la negativa oficial a la apertura de los planes Potenciar Trabajo. Esta tensión se traslada naturalmente a la acción extorsiva en las calles, una conducta recurrente de la izquierda radical (aunque no patrimonio exclusivo de ésta).

Por último, el tercer factor aparece como una singularidad argentina, que podría denominarse la cultura del piquete. Esta se convirtió en la forma casi sistemática y extendida de manifestar reclamos por parte de múltiples sectores de la sociedad, en un fenómeno que excede a las organizaciones sociales. Las estadísticas indican que, por ejemplo, en enero de este año el actor que llevó a cabo más piquetes fueron los vecinos autoconvocados (también ocuparon el primer lugar en 2020).

Más aún, durante el gobierno de Mauricio Macri, el actor preponderante en la protesta callejera no fueron los denominados movimientos piqueteros, sino los trabajadores estatales.

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Cuando se indaga en la raíz de esta forma ilegal y extorsiva de protesta (ya sea en su variante organizada y recurrente –agravante-, o espontánea y excepcional –atenuante-) no puede soslayarse la manifiesta incapacidad del Estado en dar respuesta a las principales demandas ciudadanas. La progresiva degradación institucional, la erosión del concepto de autoridad y la estigmatización de los conceptos de orden y represión potenciaron el fenómeno.

Pero sin dudas que en la consolidación de esa cultura del piquete, resultó clave la legitimación política de los sucesivos gobiernos, ya sea por afinidad ideológica, por interés, por cálculo o por temor a las consecuencias de un eventual desborde en las calles. La consecuencia fue que en Argentina cualquier situación, hasta la más disparatada, se convirtió en excusa para hacer un piquete.

Ante este panorama, declaraciones recientes apelando al sentido común, como las del ministro Juan Zabaleta –”No negociaremos mientras estén cortando las calles”-, o las del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta –”No vamos a permitir otro acampe en la 9 de Julio”- parecen haber dado cuenta de una preocupación en aumento de las autoridades políticas respecto al proceso creciente de desborde en la vía pública. El hecho de que no se haya bloqueado el Metrobus en la marcha federal puede considerarse un logro en ese sentido.

Sin embargo, evitar que la espiral de piquetes continúe en ascenso en las condiciones actuales requerirá de una capacidad y una voluntad política que hoy, se vislumbra improbable.

Fuente: TN

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