Para la mayoría de los usuarios la factura de luz subirá 65%

Este martes, la subsecretaría de Energía Eléctrica, cargo de Federico Basualdo, remitió al Secretario de Energía, Darío Martínez la Nota (NO-2022-32861807) con el objetivo de cumplir con la instrucción de elaborar un informe técnico “a fin de fundamentar la propuesta de adecuación del Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica a partir del 1° de junio de 2022″.

El informe de 24 páginas analiza los impactos de la aplicación de esas medidas y formula advertencias.

Las conclusiones del trabajo son:

- Las políticas que se deberán aplicar al segmento residencial con quita total de subsidios no contempla el principio de gradualidad, como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que advirtió que se impone al Estado “…especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir…” (Fallo: 339:1077).

- Para el conjunto de los usuarios residenciales que se le deberá aplicar el tope del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) al 80%, sufrirán un impacto en facturas en el mes de junio acumulado del 65%, lo que podría derivar en situaciones complejas con su pago hacia el interior de este amplio segmento.

- Asimismo, la aplicación de los incrementos propuestos tanto para el segmento comercial como el industrial, atenta contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos.

- Finalmente, el aumento del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones lo que redundará en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema mayorista.

Además, del análisis de la información sobre el impacto del aumento en las facturas de las provincias “se advierte claramente que hay un riesgo real de que la cadena de pagos de las distribuidoras se vuelva a deteriorar atento que será muy difícil que, por arriba de los coeficientes de aumentos, que las empresas tengan margen para continuar incrementando las tarifas con el objetivo de cubrir sus costos en el segmento de distribución”.

Cabe recordar que a comienzos de la semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un reportaje concedido a C5N, cuestionó a la Secretaria de Energía por que no había convocado aún a la Audiencia Pública por el incremento del aumento de las tarifas de luz.

En la primeras páginas del documento elaborado por Basualdo se efectúa un detalle de los costos y subsidios a las empresas energéticas para luego analizar la propuesta de aumento tarifario que se acordó con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro Guzmán propuso el siguiente criterio de ajuste para los usuarios residenciales:

- Quita total del subsidio para los consumidores con mayor capacidad de pago.

- Tarifa Social: aumento en la factura del 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) del año anterior (tope 21% para el 2022)

- Resto de usuarios residenciales: suba en la factura del 80% del CVS del año anterior (tope de 43% para el 2022)

Usuarios no residenciales

La propuesta diferencia según el nivel de consumo.

- Para los que demandan menos de 300 kW se procederá a una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

- Para los de más de 300 kW: quita total de subsidios.

Problemas

El documento elaborado por el subsecretario de Energía señala distintos “problemas” para llevar adelante la propuesta de aumento tarifario.

Señala que la quita total de subsidios para el 10% de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago, según el memorándum de entendimiento con el FMI, deben ser identificados con “criterios objetivos”. Entre los inconvenientes destaca:

- No se sabe cómo se va a identificar dichos usuarios y qué organismo va a proveer la información de ingresos para que sea “objetiva”.

- No hay un mecanismo establecido aún para lograr el acceso a la información de la AFIP

- La base de usuarios de Servicios Públicos de todo el país se encuentra desactualizada, lo cual representa un obstáculo insalvable al programa acordado con el FMI.

- Tampoco está definido si los ingresos van a ser por “usuario” o “grupo familiar”.

Señala que la quita total de subsidios para el 10% de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago, según el memorándum de entendimiento con el FMI, deben ser identificados con “criterios objetivos”
Basado concluye que “no se puede dar una respuesta a esta política sin tener definiciones para su implementación”.

Cuando se conoció la propuesta de Economía respecto al incremento tarifario surgieron dudas de algunos especialistas respecto a cómo se identificaría a la segmentación de usuarios –en particular el segmento con mayor poder adquisitivo- .

Además, con relación a los usuarios residenciales, se sostiene que “la referencia al topo del 80% del CVS resulta genérica”.

Explica que al ser competencia de cada provincia el establecimiento del Valor Agregado de Distribución, el impacto en la factura en muy diferente según qué categoría de consumo se identifique y a la vez que distribuidora se considere.

Recuerda que el Estado Nacional solo tiene competencia para la determinación de las tarifas de Edenor y Edesur.

Tarifa Social

La propuesta de aplicar el 40% del CVS en las facturas con tarifa social “parece no considerar la reglamentación y financiación actual de la tarifa social”.

El trabajo de la subsecretaria de Energía explica que desde el 2019 y por medio de la ley 27469 –Concenso Fiscal 2018 – se dispuso que cada jurisdicción defina la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales y se haga cargo de dichos subsidios.

En ese sentido, el Estado Nacional sanciona precios estacionales de energía para los usuarios residenciales de todo el país (sin definición de Tarifa Social) y cada jurisdicción aplica y financia una tarifa y un diferencial.

Y, señala que “para lograr el objetivo del tope del 40% en las facturas, las provincias deberán afrontar los mayores costos necesarios para lograr la aplicación de la medida”.

Concluye que “esta situación produciría, probablemente, tensiones presupuestarias en las provincias y demandará un nuevo acuerdo fiscal”.

Subsidios

Con la relación a la quita de subsidios el documento afirma que “con los precios internacionales del combustible con tanta volatilidad, es relativo el impacto final de la quita de subsidios al 10% de los usuarios residenciales”.

Advierte que “por ejemplo, que para el periodo invernal se registrarían aumentos de más del 400% a usuarios residenciales del AMBA”.

Por su parte los grandes usuarios “también tendrían un impacto superior al 90% en el periodo invernal”. Cabe recordar que los grandes usuarios no cuentan subsidios.

Respecto de este tema alerta que “el mecanismo de ajuste propuesto resulta contradictorio con los objetivos de crecimiento económico planteados en el acuerdo (FMI), y ejercerá una considerable presión sobre el resto de los precios de la economía”.