Un fiscal de la Corte Penal Internacional visitará Venezuela

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció que visitará Venezuela tras finalizar hoy su visita oficial a Colombia. Por el momento, la dictadura de Nicolás Maduro no ha hecho ningún anuncio sobre la visita de la CPI.

“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, todo el mundo debe tener una participación”, dijo Khan en rueda de prensa en Colombia.

“Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese tengo una reuniones con la sociedad civil”, añadió el fiscal.

La CPI comenzó en 5 de diciembre de 2022 el proceso para recibir las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El organismo facilitó en su página web un formulario para que las víctimas expliquen su caso y compartan la documentación necesaria.

La Corte abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.

En noviembre de 2022 el fiscal Karim Khan presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del organismo solicitando una autorización para que su Oficina reanude su investigación en la Situación en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, pese al pedido de aplazamiento realizado por la dictadura de Maduro.

Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, Khan ha concluido que “el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, indicó en un comunicado.

A fines de marzo del año pasado, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abriría una oficina en Venezuela, luego de que en noviembre de 2021 decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.

De esta manera, los resultados de la selección de las denuncias presentadas ante la CPI serán presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares I hasta el 7 de marzo de este año. Por su parte, se espera que el régimen de Maduro, que ha apelado a todos los recursos posibles para dilatar la investigación, envíe sus observaciones antes del próximo 28 de febrero.

Brutales métodos de torturas

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre del año pasado su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar. Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.

El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.

La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dcitadura chavista desde 2014 hasta la actualidad. La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolás Maduro”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos: posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; y estar encadenado durante largos períodos de tiempo.

Las torturas tenían lugar en la sede del DGCIM en Boleíta, Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.

Michelle Bachelet, ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, también constató en reiterados informes durante su gestión graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La ex presidenta de Chile fue detallando año tras año la situación en el país caribeño, y en sus contundentes reportes denunció torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria, e inacción por parte del régimen de Maduro ante las denuncias.

En marzo del año pasado, en una nueva actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet reiteró, entre otras cosas, que “todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso”, al tiempo que exigió que reciban “atención médica adecuada”.