Cómo es la nueva megacárcel de El Salvador, la prisión más grande de América

En un nuevo polemico capítulo de su lucha sin cuartel para acabar con la violencia de varias décadas en su país, que es objeto de duras críticas por parte de los organismos de derechos humanos, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inauguró la megacárcel “más grande de América”, con capacidad para 40.000 prisioneros, a la que ya trasladó a los primeros 2000 pandilleros.

“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, informó el presidente en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a ese centro.

La gigantesca prisión, dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele. Construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador, el Cecot se destaca por sus rigurosos controles de ingreso.

En el video que el mandatario compartió en Twitter para hacer el anuncio, se observa a muchos pandilleros con sus torsos desnudos, rapados, vistiendo apenas un pantalón corto blanco y descalzos, custodiados por policías y alineados en un gran patio de otra prisión del occidente del país.

Luego, con sus manos esposadas en la espalda, son subidos a un ómnibus y trasladados bajo fuertes medidas de seguridad que incluyeron sobrevuelo de varios helicópteros militares sobre el Cecot, lugar al que llegaron al amanecer.

“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, señaló Bukele.

Cientos de policías, agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales y soldados participaron en el operativo de traslado.

Bukele asumió en 2019 la presidencia de uno de los países más violentos de América, especialmente por la acción de las pandillas conocidas como Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. En 2015 el país había alcanzado un récord criminal con una tasa de 105 homicidios por cada 100 000 habitantes. Pero el año pasado El Salvador se ubicó como el país menos violento de la región con una tasa de 17,6 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Bukele declaró una “guerra contra las pandillas” en marzo pasado, y decretó un régimen de excepción que ya fue extendido dos veces. Los poderes de emergencia han sido controvertidos ya que limitan algunos derechos constitucionales, como permitir que las fuerzas de seguridad arresten a sospechosos sin una orden judicial.

Los reos deben pagar por comida, ropa y productos de higiene

Los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos.

Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 USD por alimentación, 15 USD por artículos de higiene, 30 USD por vestimenta, 20 USD por limpieza de área y 70 USD por misceláneos.

Por ahora, además del sistema de paquetes obligatorios, funciona un sistema de “tiendas institucionales” a los que los familiares depositan sumas de entre 5 USD y 150 USD al mes para comprar en tiendas ubicadas al interior de los penales. “Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale 2,50 USD ahí las venden a 10 USD″, explicó la pariente de un reo.

Es imposible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley. No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad.

De cualquier forma, y con cualquiera de los formatos de cobro, la venta de artículos de primera necesidad a los reos de El Salvador parece un negocio redondo. Desde marzo hasta ahora, el sistema carcelario ha ingresado unos 64.000 reos que, según cifras oficiales, se han sumado a la población de unos 40.000 que ya existía antes del régimen de excepción decretado hace casi un año. Si, como sospechan los familiares y organizaciones, el cobro obligatorio se extiende a todas las cárceles, el gobierno de Nayib Bukele podría empezar a ingresar unos USD 17 millones al mes.