Juicio político a la Corte: Citarán a jueces federales y funcionarios judiciales como testigos

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizó este jueves una nueva reunión en la que tiene previsto elaborar un cronograma para la citación de testigos en el procedimiento que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade propuso la votación de los próximos testigos y, ante la mayoría oficialista en comisión, quedaron definidos para ser citados a la próxima reunión, el jueves 23 de febrero. El organigrama dispone la interrogación a Cristian Abritta, ex titular de la secretaria judicial N° 5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; y Selenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruíz, secretaria judicial N° 2 Previsional.

Posteriormente, se presentarán Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti; Mario Cimadevilla, ex miembro del Consejo de la Magistratura; y los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. Posteriormente, en la misma jornada se definirán los testigos para la siguiente reunión.

El portavoz del bloque de Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli, consideró durante la reunión que la citación a nueve testigos no está destinada a probar el mal desempeño de los jueces de la Corte” sino a “hacer un show, exponer a los jueces o prolongar innecesariamente esta investigación”.

El legislador del PRO también se refirió al requerimiento oficialista de obtener información vinculada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, para obtener el listado de llamadas de los móviles de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. "Todo eso excede largamente las atribuciones de la comisión. Y si en última instancia fuera necesaria pedir esa prueba no queda más remedio que solicitarla por intermedio de un juez", sostuvo y aseguró que "nos vamos a oponer a la realización de cualquier prueba que tenga que la averiguación de llamadas, de números telefónicos, de mails y de todo lo que se parezca.

Juicio político a la Corte Suprema: definen testigos y pedido de documentos

La reunión de la comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, constituyó una formalidad que, además, sirvió para elaborar el listado de invitados que serán citados por la Comisión durante las próximas semanas.

El jueves pasado el Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema.

En esa jornada, el oficialismo sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones, mientras Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.

En ese marco, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.

Cómo continúa el procedimiento contra la Corte

El proceso que se inicia mañana continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.

En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).

De todos modos, el dictamen de la comisión tiene tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de un escenario de correlación de fuerzas favorable.

Por su parte, Juntos por el Cambio también deberá resolver si se une al proceso citando a sus propios testigos, o si se aparta y toma otra iniciativa política.

Los posibles testigos

El extenso proyecto de Resolución que lleva la firma del Frente de Todos y que fue presentado la semana pasada, contiene una larga lista de testigos que serán citados a prestar testimonio ante de la Comisión, entre los que se destacan los actuales cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusados por mal desempeño en sus funciones.

También se solicitó la comparecencia y testimonio de Silvio Robles, director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema; y de Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente de licencia.

Ambos están acusados de ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos del supremo tribunal y de la administración porteña, respectivamente.

También figuran en el documento de citación los gobernadores que suscribieron el acuerdo firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para iniciar el juicio político: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut), cuyo vicegobernador respaldó el proceso por estar el mandatario en uso de licencia; Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En el listado de testigos también se encuentran el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el exministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni; el constitucionalista Eduardo Barcesat; y el exjuez español Baltazar Garzón, entre otros.

El trabajo de la comisión de Juicio Político se inició el jueves 26 de enero, cuando el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de (JxC) de hacer fracasar el inicio de las sesiones.