A un mes del intento de golpe en Brasil sigue la tensión

Un mes después del intento de golpe del 8 de enero, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, logró recomponer su autoridad con las Fuerzas Armadas después de una profunda “desbolsonarización” de los cuadros más cercanos al poder. Decenas de militares y policías, a los que acusó de “complicidad” con los golpistas, fueron echados en los últimos 30 días.

El nombre de mayor peso fue sin dudas el del comandante del Ejército, Júlio César de Arruda, que había asumido el cargo el 30 de diciembre con el apoyo del propio mandatario izquierdista, dos días antes de asumir el gobierno.

El analista brasileño de la Fundación Getulio Vargas (FGV) Marco Teixeira dijo a TN que en los últimos 30 días “Lula ganó fuerza y hasta autoridad para tratar con los militares. El fantasma del golpe parece haberse desvanecido”, apuntó.

El clima social muestra cierta intolerancia con agresiones virtuales y en espacios públicos

Pero más allá de una cierta tranquilidad política derivada de un fuerte debilitamiento del poder de Jair Bolsonaro, que permanece aún en Estados Unidos y está siendo investigado por la justicia por su rol en la asonada, el clima social sigue siendo muy enrarecido. La grieta ideológica que divide a la sociedad provoca periódicas escenas de agresiones verbales a personas públicas en las calles.

Los casos fueron numerosos. La docente y diputada Luciane Cavalcante (Partido Socialismo y Libertad/PSOL, aliado de Lula) denunció amenazas de muerte. Un mensaje recibido en su casilla de correo electrónico le advirtió que “duerma con los ojos abiertos” porque tarde o temprano sería blanco de un ataque. “Puede ser una invasión, un atropellamiento, un asalto, un vendedor golpeando su puerta o hasta un estudiante”, señaló.

Pero no fue el único caso. Cristiano Zanin, abogado de Lula, fue amenazado mientras se hallaba en uno de los baños del aeropuerto de Brasilia. El agresor lo filmó mientras el letrado se lavaba los dientes. “Miren al bandido. Quiero meterle la mano en la oreja a un tipo así”, grita el hombre.

Las agresiones se multiplicaron en las últimas semanas. El propio Lula intervino. “Tengo una tesis: cada vez que alguien conocido entra a un bar y alguien lo insulta, ese ciudadano es un 171 (una referencia popular para describir a quien comete un ilícito)”, afirmó.

Desde entonces, se sucedieron las denuncias policiales. “Estas agresiones siguen pasando, sobre todo en el medio virtual. La diferencia es que ahora el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República actúan rápido”, dijo Teixeira.

Brasil quiere recuperar la normalidad un mes después del intento de golpe

El asalto al Congreso Nacional, el palacio presidencial y la sede de la Corte Suprema de Justicia dejó una herida abierta en la democracia brasileña. Pero el país busca hoy recuperar su normalidad.

“Fue una articulación completamente chapucera, sin proyecto, sin discurso, solo para negar el proceso electoral y mantener a Bolsonaro en el poder. De todos modos, logró unir los poderes del Estado en torno a la democracia y debilitar y aislar al bolsonarismo y también a Bolsonaro. Eso fue un gran cambio”, dijo Teixeira.

Para el analista político Antonio Lavareda, presidente honorario de la Asociación Brasileña de Investigadores Electorales, “la pronta y amplia reacción de la sociedad detuvo a los golpistas, lo que sumado a un lento, pero continuo proceso de depuración de responsabilidades, devuelve paulatinamente al país a un clima de normalidad”.

“A partir de ahora, con el gobierno efectivamente comenzando a trabajar, también comenzarán los cobros por ´entregas´ de lo prometido” a los distintos grupos con los que Lula negoció para construir gobernabilidad, afirmó Lavareda en diálogo.

Siguen los arrestos por participación o complicidad durante el asalto a los tres poderes del Estado

Más de 900 personas fueron detenidas en Brasilia tras la asonada golpista. Muchos de ellos fueron candidatos del bolsonarismo en las elecciones de octubre. Pero los arrestos no se detuvieron desde entonces.

Este martes fue detenido el coronel de la Policía Federal Jorge Naime Barreto, entonces jefe del Departamento Operacional de la Policía Militarizada de Brasilia. Junto al exjefe policial fueron detenidos otros cuatro agentes.

En total, la fiscalía general presentó denuncias formales contra unas 600 personas, entre ellas el expresidente Bolsonaro. Al mismo tiempo, la justicia avanza en la investigación sobre el financiamiento de los golpistas. En la mira están poderosos empresarios de la industria maderera y la minería que mantienen profundos lazos en la Amazonia, así como miembros del agronegocio, el bastión económico en el que recostó gran parte de su poder el exmandatario.