Ley Ómnibus: El Gobierno acepta cambios y avanza la negociación en Diputados
El oficialismo y los bloques aliados avanzaron en rubros clave como jubilaciones, retenciones y privatizaciones de cara a la posible sesión de la semana próxima
Los tiempos escasean y aunque sería una proeza, en el Gobierno todavía sostienen la ilusión de convocar a un plenario de comisiones y llevar el proyecto al recinto este sábado. En torno al proyecto de Ley Ómnibus, mientras el presidente volaba de regreso al país, se intensificaban las visitas en el despacho de Martín Menem, el titular de la Cámara baja.
Las conversaciones con los aliados deberían fluir sin contratiempos esta noche, algo que no estaba garantizado. Caso contrario, esperan contar con media sanción entre el lunes y el martes, antes del paro de la CGT.
Santiago Caputo, el cada vez más influyente amigo presidencial, el cerebro de ese relato oficial al que Milei le dedica buena parte de tiempo, se instaló ayer en la oficina de Menem y acaparó, para asombro de varios de los legisladores de los bloques aliados que desfilaron por ese despacho, y por encima de Menem y el ministro Guillermo Francos, el centro de las negociaciones, aun cuando exhibió cierto desconocimiento técnico en algunos de los capítulos más sensibles de la llamada Ley Ómnibus.
Anoche, en los bloques aliados -el PRO, la UCR y Hacemos Cambio Federal, la bancada que combina a resabios del PRO, el peronismo no K y la Coalición Cívica- se preguntaban hasta qué punto el gobierno había acordado en torno al extensísimo proyecto de ley en debate de cara a la media sanción que Milei pretende tener la semana próxima en Diputados, y qué guion construiría la administración libertaria alrededor de una iniciativa que, por el resultado de las negociaciones, permite inferir una serie de modificaciones que no se condicen con ese libreto.
El gobierno tiene una evidente debilidad parlamentaria: solo 38 legisladores. Y necesita de esos bloques -entre los cuatro espacios suman 132 legisladores- para el éxito parlamentario. En ese plano, la irreverencia pública de Milei es una estrategia difícil de comprender en las bancadas aliadas.
De hecho, Caputo blanqueó la idea de dictaminar el lunes y convocar al recinto el martes, en una sesión que se prevé maratónica y que podría durar casi 48 horas, es decir hasta el miércoles 24, el día del paro y la movilización de la CGT y el peronismo. Una estudiada puesta en escena que, según confiaron, fue rechazada por algunos integrantes del bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, entre ellos Emilio Monzó y Juan Manuel López.
Ayer, según las fuentes consultadas, trascendió que el gobierno había aceptado retroceder en la iniciativa original en varios de los puntos más relevantes, y volver a enviar el texto con las correcciones este mediodía.
Cambios
El Gobierno está dispuesto a hacer alguna modificación del artículo 106º del proyecto, el referido a jubilaciones. Los bloques dialoguistas quieren que se ponga por escrito que, si se pasa a un esquema sin fórmula, las prestaciones no se actualizarán a discreción del Poder Ejecutivo y no perderán contra la inflación. El Ministerio de Economía no llegó a elaborar un nuevo cálculo de movilidad pero está dispuesto a modificar el texto para que los haberes tengan un reaseguro ante el aumento del costo de vida. Se verá si para las bancadas amigables la nueva letra chica es digerible.
El otro cambio que aceptaría el Gobierno está en el capítulo de retenciones. En principio, no quieren modificar porcentajes pero aceptarían sacar del proyecto algunas actividades que en la iniciativa original quedaban alcanzadas por los derechos de exportación, para proteger las economías regionales, como reclamaron los gobernadores de Juntos por el Cambio. Otras actividades, en cambio, podrían agregarse para compensar la recaudación. Retenciones y jubilaciones son los dos puntos clave del capítulo fiscal.
El Gobierno, en tanto, esta dispuesto a reducir las facultades extraordinarias de cuatro a dos años (uno prorrogable por otro período).
El Gobierno no quiere sacar de la ley el capítulo de la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, el nuevo sistema de circunscripción uninominal y el cambio de la representación de las provincias en la Cámara baja. Pero entienden que es una prenda de negociación, en caso de que sea el último impedimento para conseguir los votos que necesita de los aliados.
En la Casa Rosada hay mucha ansiedad por tener media sanción. Entienden que tienen que aprovechar el “veranito” que, según los sondeos que leen, está teniendo Milei en la opinión pública, y que le asignan al Presidente “cerca de 60 puntos” de imagen positiva. Un capital que, reconocen, comenzará a desgranarse con el correr de las semanas conforme siga impactando el ajuste en los bolsillos.
Entienden que la temperatura social es la que hoy permite que la “política” muestre predisposición para acompañar al Gobierno. Por eso, más allá de las necesidades fiscales que hay en el Palacio de Hacienda, quieren acelerar los tiempos por temor a que se le cierre la ventana de oportunidad.