Los intendentes Mariano Campero, Alejandro Molinuevo, Sebastián Salazar; el diputado Roberto Sánchez; y el legislador José María Canelada fundamentaron ante la prensa los argumentos por los cuales solicitaron al gobernador Juan Manzur por vía administrativa que explique cuáles son los criterios que se toman para la distribución de recursos a los municipios, sean remunerativos o no.

“Queremos saber en qué se gastó y no que haya ido a parar a cualquier lugar o una estructura política”

“Una de las provincias con los caminos más destruidos es la nuestra. ¿Dónde están esos recursos? Queremos transparencia en los manejos de los recursos; estamos hablando de miles de millones de pesos que llegaron a Tucumán y que pueden haber sido obras y servicios”

“Entiendo que lo tenían oculto y, de alguna manera, destapa una cuestión de discriminación a los intendentes, que es lo de menos; queremos que se respeten a todos los tucumanos”

“seguir permitiendo que esta brutalidad de dineros que se han transferido al resto de los municipios quede en la nada, en un criterio arbitrario y discriminatorio. Esto tiene que tener una solución de fondo, y es un nuevo régimen de coparticipación”

Según un relevamiento publicado por el diario La Gaceta, desde enero hasta inicios de agosto la Provincia emitió 53 decretos mediante los cuales autorizó fondos no reintegrables para 14 municipios y algunas comunas por $ 11.853 millones. Todos los distritos beneficiados con estos aportes son del mismo signo político que la Provincia.

El más favorecido con este tipo de giros fue el Municipio de Burruyacu -que se encuentra fuera del “Pacto Fiscal”- con $ 1.880 millones, un 15,86% del total de los dineros que se giraron. En la gran mayoría de los documentos se menciona que los fondos serán destinados para obras, pero allí no se precisan cuáles.