El fiscal general Mario Villar presentó ante la Cámara Federal de Casación Penal un recurso para que la Corte Suprema revise la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad. La fiscalía insiste en que se le atribuya el delito de asociación ilícita en carácter de jefa, lo que elevaría su pena a 12 años de prisión. Además, se apeló la absolución de Julio De Vido, otro de los acusados en el caso.

Condena actual y reclamo de la fiscalía

En diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en un caso que involucró la licitación de 51 obras viales en Santa Cruz. La Sala IV de la Casación confirmó la sentencia, pero no aceptó el delito de asociación ilícita. La fiscalía, siguiendo los argumentos del fiscal Diego Luciani, sostiene que este delito debe ser incorporado, ya que se habría conformado una red corrupta.

Caso Vialidad: solicitaron a la Corte Suprema que duplique la condena contra Cristina Kirchner por corrupción

La trama de corrupción en Santa Cruz

Según el fallo, entre 2003 y 2015, se llevó a cabo una “maniobra fraudulenta” que benefició a empresas vinculadas a Lázaro Báez, causando un perjuicio de 85.000 millones de pesos al Estado. La fiscalía argumenta que esta red funcionó como una asociación ilícita, con roles definidos y una estructura organizada. Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que no había suficientes elementos para aplicar este delito.

Discrepancias sobre la asociación ilícita

El fiscal Villar cuestionó que la Cámara no haya fundamentado por qué excluyó el delito de asociación ilícita, a pesar de que se cumplen los requisitos del Código Penal. Señaló que la red corrupta operó durante tres administraciones presidenciales, lo que demuestra una continuidad y multiplicidad de planes delictivos.

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La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, también presentó un recurso solicitando la absolución y una audiencia pública para tratar el caso. Mientras tanto, la Corte Suprema deberá resolver si acepta los argumentos de la fiscalía para agravar la condena o mantiene la sentencia actual. El fallo podría sentar un precedente importante en casos de corrupción.