La Fiscalía General de Bolivia ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, luego de que este no se presentara a declarar en una causa en la que es investigado por presuntos delitos de abuso de menores y trata de personas.

Los hechos en cuestión datan de 2016, cuando Morales era aún presidente, y están vinculados a una supuesta relación con una menor de 15 años. La orden se emitió tras varios intentos fallidos de que el exmandatario compareciera ante las autoridades judiciales.

Morales, por su parte, reafirma su inocencia y asegura que las acusaciones en su contra son una maniobra política. Según declaraciones difundidas por el sitio Actualidad RT, el exjefe de Estado boliviano sostiene que no se ha presentado a declarar debido a amenazas de muerte que comprometen su seguridad, y también denuncia la falta de garantías para un proceso judicial justo.

Además, señala que el caso fue archivado durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, pero reabierto por las actuales autoridades como parte de lo que considera una persecución política.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Marco Antonio Baldivieso, explicó que Morales, al igual que cualquier ciudadano enfrentando una denuncia, está obligado a justificar su ausencia en las citaciones judiciales. De lo contrario, las autoridades tienen derecho a emitir una orden de aprehensión, tal como ocurrió en este caso. La orden busca forzar su asistencia para avanzar en la causa, que estuvo paralizada durante varios años, supuestamente por influencia política.

El caso ha generado controversia en el país, con organizaciones civiles y opositores al gobierno actual denunciando que el poder político sigue interfiriendo en el funcionamiento de la justicia. A pesar de las circunstancias, el futuro del proceso judicial contra Morales es incierto, pero su repercusión ha dejado una huella profunda en el debate político de Bolivia.