Este miércoles, el Tribunal Supremo británico dictaminó que el término "mujer", a efectos de la ley, está determinado por el sexo biológico, lo que excluye de la norma a las mujeres transexuales que obtuvieron el certificado de reconocimiento de género.

"La decisión unánime de este tribunal es que los términos 'mujer' y 'sexo' en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico", establecieron los jueces tras emitir un complejo argumento sobre la definición de la palabra "mujer".

El fallo del máximo tribunal británico pone fin a la batalla legal iniciada por la organización de mujeres "For Women Scotland", que hizo un planteo ante la decisión del Gobierno escocés de incluir a las mujeres trans en el cupo para igualar los puestos públicos entre hombres y mujeres.

La Corte Suprema británica dictaminó que las personas trans no son mujeres ante la ley

Si bien los miembros de la organización vieron el fallo como una victoria legal, y así lo celebraron ante el Tribunal Supremo en Westminster, Londres, el juez Patrick Hodge aclaró que la sentencia no puede interpretarse "como un triunfo de uno o más grupos de la sociedad sobre otro".

Los jueces remarcaron que las personas trans continúan "protegidas" ante la discriminación por razones de género en base a la Ley de Igualdad del año 2010.

Al leer el fallo, el juez Hodge subrayó que "la Ley de Igualdad de 2010 otorga a las personas transgénero protección no solo contra la discriminación a través de la característica protegida de la reasignación de género, sino también contra la discriminación, discriminación indirecta y acoso sustancial en su género adquirido".

La sentencia del máximo tribunal, concretamente, hace hincapié en que el llamado Certificado de Reasignación de Género en el género femenino no se incluye dentro de la definición de "mujer", lo que determina que la postura legal del gobierno escocés es "incorrecta".

En principio, el Gobierno de Escocia sostenía que las personas trans con el certificado correspondiente poseían protecciones y facilidades basadas en el sexo, lo que comenzó a ser cuestionado a partir de 2018 a través de una campaña iniciada por "For Women Scotland" que pedía que solo aplique a las personas nacidas como mujeres.