La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), denunció al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por presunto lavado de dinero.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal para que se inicie una investigación por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”.

En la denuncia, firmada por Felicitas Achábal en carácter de Jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, se detalla que Tabacalera Sarandí S.A. “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.

La agencia fiscal gubernamental detectó además diferentes irregularidades en la facturación electrónica, patrones atípicos en la emisión de comprobantes, ausencia de pagos tributarios y uso exclusivo de efectivo, lo que impide la trazabilidad de los fondos.

“Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”, detalla la denuncia, que tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.

La investigación oficial destaca también que estas empresas funcionaban como “usinas” para blanquear dinero de origen ilícito mediante la incorporación de efectivo en el circuito financiero formal.

La presentación se originó en el informe elevado por la División Fiscalización Externa II, que pertenece a la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales.

ARCA realizó tareas de investigación y fiscalización enfocadas “en analizar con profundidad la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos”, dice un comunicado de la agencia estatal.

A través de esos relevamientos, el organismo que ahora encabeza Juan Pazo, un funcionario de la más alta confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió iniciar una investigación por “maniobras de legitimación de bienes u otros activos de origen ilícito”, que consiste en el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima.