La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), denunció al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por presunto lavado de dinero.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal para que se inicie una investigación por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”.

Modus Operandi

Sobre el modus operandi que identificaron para Tabacalera Sarandí, la denuncia penal realiza la siguiente descripción:

La empresa fabrica y comercializa las marcas de cigarrillos Red Point, West, Kiel y Master. La cadena de comercialización de los productos fabricados está integrada por diferentes etapas.

  1. En la primera etapa, Tabacalera Sarandí SA (TSSA), vende los cigarrillos a contribuyentes mayoristas y, por estas operaciones, emite facturas Tipo A. Las características intrínsecas de este tipo de comprobante que se emite, permite conocer quién es el adquiriente del producto. En esta etapa, la comercialización está concentrada porque el producto se traslada desde el fabricante hasta el mayorista.
  2. En la segunda etapa, los contribuyentes mayoristas venden los productos mencionados a sujetos responsables de puntos de venta minorista. Es el momento en que la comercialización se atomiza “porque los contribuyentes mayoristas son los encargados de distribuir geográficamente el producto”.
  3. En la tercera y última etapa, los distribuidores minoristas comercializan los cigarrillos para que lleguen a los consumidores finales quienes los adquieren en los puntos de venta minorista, como pueden ser los kioscos y los almacenes de barrio.

Según la investigación de ARCA, del análisis del “módulo de facturación electrónica A, “Tabacalera Sarandí emitió comprobantes de venta de cigarrillos a ciertas personas humanas y jurídicas que declaran ante el Organismo la actividad de distribuidores mayoristas de cigarrillos”. De la consulta sistémica, prosigue la denuncia, “se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.

Juan Pazo, titular de ARCA
Juan Pazo, titular de ARCA

Por ello, dice ARCA, se comprobó que estos presuntos distribuidores mayoristas poseen una serie características, a saber:

  • Venden los cigarrillos que compran a TSSA a consumidores finales no identificados, emitiendo por dichas operaciones facturas Tipo B.
  • Las facturas emitidas por estos mayoristas contienen un precio de venta similar a los valores por los que adquieren los cigarrillos de TSSA, dando una rentabilidad muy baja. Estos mayoristas exhiben un patrón de emisión de los comprobantes (facturas Tipo B) “que resulta altamente irregular, con intervalos de apenas segundos, entre cada documento. Esta modalidad de emisión de comprobantes automatizada y secuencial, es incompatible con una atención presencial genuina, dado el volumen y frecuencia de emisión de comprobantes, en ubicaciones que no corresponden a zonas comerciales de alta afluencia de público y/o inconsistentes con los domicilios comerciales declarados por éstos.
  • No registran pagos tributarios, ni acreditaciones bancarias de acreditaciones mínimas. Los cobros por la venta minorista fueron en efectivo y los pagos a los proveedores, a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos. -
  • No cuentan con estructura edilicia ni de personal.

Se detalla que Tabacalera Sarandí “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar”

A partir de esos elementos, prosigue la denuncia, ARCA efectuó tareas de investigación y fiscalización que se enfocaron en analizar con profundidad, la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos. El objetivo de estas diligencias consistió en verificar la autenticidad de las operaciones y, en caso de resultar procedente, incluirlos en la Base de Contribuyentes No Confiables, de conformidad con las normas internas del Organismo.