Trabajadores del Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA cuestionaron la desclasificación de archivos ordenada por el presidente Javier Milei, afirmando que busca "garantizar impunidad" a responsables de crímenes de lesa humanidad. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, señalaron que el planteo del Gobierno no es novedoso: "Ellos respondieron porque la Patria estaba en peligro es un discurso viejo", sostuvieron, rechazando la equiparación entre violencia estatal y guerrillera.

Los trabajadores destacaron que "el Gobierno Nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no", ya que esto está establecido por acuerdos internacionales y fue rechazado por la Justicia argentina.

Agregaron que la mayoría de los militantes que el oficialismo busca juzgar "fueron desaparecidos, torturados y asesinados", en referencia a los casos de organizaciones armadas como el ERP. Estas declaraciones responden al anuncio oficial de declarar como delito de lesa humanidad el asesinato del capitán Humberto Viola y su familia.

Con escepticismo sobre la implementación, los trabajadores denunciaron que "es pura demagogia la desclasificación", cuestionando la capacidad técnica para llevarla adelante: "Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas".

El cruce refleja la profunda división en la interpretación del pasado reciente, con el oficialismo promoviendo una revisión de los crímenes de la guerrilla y organizaciones de derechos humanos defendiendo la especificidad del terrorismo de Estado.