Los  bonos de fin de año  destaparon una nueva interna libertaria en el  Congreso . Mientras el presidente de la Cámara de Diputados,  Martín Menem , ya oficializó el otorgamiento del bono a sus empleados, la titular del Senado,  Victoria Villarruel , está en negociaciones con los gremios.

Diputados y senadores no solo tienen  fuertes diferencias por sus ingresos , sino también por los alcances de cierta  recomposición salarial  para sus trabajadores.

Mientras el Senado aprobó una resolución de enganche de sus ingresos con los aumentos paritarios de los trabajadores legislativos, Diputados no lo hizo. Además, Menem otorgó a los diputados un incremento salarial indirecto mediante la entrega de un bono de fin de año a algunos sectores de empleados parlamentarios, específicamente las categorías de planta permanente y transitoria. Pero ese bono no alcanza al personal contratado.

Villarruel negocia un bono a los empleados legislativos y define las dietas de los senadores

En el Senado, Villarruel aún no implementó esta medida. Esto se encuentra en plena discusión, ya que la vicepresidenta busca evitar que la crisis del Senado se profundice producto de las diferencias que mantiene con el Poder Ejecutivo, su distanciamiento del presidente Javier Milei y de integrantes de su gabinete, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como su pelea con los senadores por el descongelamiento de sus dietas a partir del próximo enero. Por tal motivo, está llevando a cabo conversaciones con los gremios legislativos APLATE UPCN para alcanzar un entendimiento.

En Diputados, los bonos serán de $100.000 para los empleados con categoría de 1 a 5, que corresponden a las máximas categorías del escalafón legislativo; de $150.000 para las categorías 6 y 7; y de $200.000 para las categorías 8 a 14, donde se encuentra el sector de maestranza. Se aclara que “el bono será liquidado con el sueldo de diciembre a cobrar en los primeros días de enero, según los montos detallados”.

Desde APL (Asociación de Empleados Legislativos), encabezada por Norberto Di Próspero y Fabián Zaccardi; ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), liderada por Claudio Britos; y UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), representada por Esteban Makaric, expresaron que siguen las negociaciones para que el mismo beneficio se extienda a los empleados del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional.

El descongelamiento de las dietas de los senadores

Por otro lado, Villarruel y los senadores nacionales continúan con la disputa por el descongelamiento de sus dietas a partir del 1 de enero de 2025. Según pudo saberse, Villarruel y sus asesores mantienen desde la semana pasada reuniones que se extenderán este lunes, buscando alternativas para frenar el incremento de las mismas.

“Esa es una decisión que se debe tomar en el recinto, no por una resolución. Si Villarruel firma un decreto, está incumpliendo con sus deberes de funcionario público”, dijo un experimentado senador del sector dialoguista.

Además, aclaró en consultas de la prensa que “nuestra dieta en mano alcanza los 5,5 millones de pesos” y que, a partir del 1 de enero, con el fin de la resolución aprobada en agosto pasado que suspendió hasta el 31 de diciembre la resolución sancionada en abril, habrá que sumarle un seis por ciento, correspondiente al incremento salarial de los trabajadores legislativos en el marco de las discusiones paritarias.

El pasado 18 de abril, los senadores aprobaron un proyecto de resolución, a mano alzada y en menos de dos minutos, sin discusión. Este estableció que “a partir del mes de mayo del presente año, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de ellas será equivalente a 2500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos, conforme a las previsiones de la ley 24.600 (Estatuto del Personal del Congreso de la Nación)”.

Posteriormente, el 22 de agosto, suspendieron hasta el 31 de diciembre la vigencia de dicha resolución y votaron un desenganche de sus ingresos respecto del personal legislativo. También retrotrajeron cualquier aumento de haberes.

El último aumento otorgado a los trabajadores del Congreso fue el 13 de noviembre, cuando se resolvió un incremento del 2 % a partir del 1 de septiembre, 1 % a partir del 1 de octubre, 2 % a partir del 1 de noviembre y 1 % a partir del 1 de diciembre, alcanzando un total del 6 %.