La ANSES rechazó el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou para volver a cobrar sus jubilaciones de privilegio. De esta manera, la exmandataria no cobrará los 32 millones de pesos mensuales que reclama de su remuneración.

El organismo previsional rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por Cristina Kirchner por el cual “se dispuso la baja de las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la administración pública”.

El documento publicado este lunes, en la red social X, rechazó los argumentos presentados por la ex mandataria contra la ANSES —los cuales cuestionaban las facultades del organismo para avanzar en la eliminación de la jubilación—, y sostuvo que la Administración está habilitada para “suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima”.

Días después de haber escuchado la sentencia en su contra, la titular del PJ nacional presentó un recurso administrativo de nulidad frente al titular de la Administración, Mariano de Los Heros, para volver a cobrar las asignaciones mensuales. En ese contexto, aseguró que se trataba de una violación a los “derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Además, acusó al Ejecutivo de llevar a cabo “un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo".

Por último, el texto destaca que dicha resolución “marca un hito en la interpretación restrictiva del otorgamiento y disfrute de estos privilegios otorgados a exmandatarios y sus vicepresidentes, estableciendo que su percepción está sujeta, no solo al ejercicio del cargo, sino también a una decorosa y honrosa conducta, mantenida durante el cumplimiento del mismo”.

Se rechazó el pedido de Cristina Kirchner y Amado Boudou para recuperar sus jubilaciones de privilegio

Sobre Boudou, recordaron que “tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.

Además, señalaron el organismo se encargará de solicitar la devolución de lo que indebidamente percibió. “La Dirección Ejecutiva de ANSES ordenó llevar adelante las acciones judiciales tendientes a recuperar los fondos que el ex vicepresidente percibió indebidamente, luego de que fuera condenado penalmente”.

El texto sostiene que tal decisión se basa en la condena que pesa sobre Boudou y sobre las características del beneficio que percibía hasta hace un tiempo atrás, dado que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, esta “no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes”. En este sentido, remarcaron que “no cumple con el único requisito exigido para conceder el privilegio: honorabilidad, mérito y buen desempeño“.

La decisión publicada este lunes tiene sus antecedentes en noviembre del 2024, cuando el presidente Javier Milei ordenó dar de baja la asignación especial y la pensión que cobraba Cristina Fernández como viuda de Néstor Kirchner. En ese entonces, el Gobierno también señaló que revisaría otras jubilaciones de privilegio para determinar su legalidad. Poco después, avanzaría con la eliminación de la correspondiente a Amado Boudou.

En su presentación ante la ANSES, argumentó que el organismo no tenían competencia para tomar dicha decisión y que se trataba de “un acto arbitrario, que vulnera el principio de defensa, y viola la división de poderes”.

La condena contra el ex ministro de Economía, había sido ratificada en diciembre de 2020, a 5 años y 10 meses de prisión que había dictado un tribunal oral en 2018, cuando la Corte Suprema rechazó todos los recursos que había presentado en el caso Ciccone. Fue condenado por cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.