A días del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, se promulgó la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, que aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñada para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

Tal como lo establece la Constitución, la legislación entró en vigor al ser publicada en el Boletín Oficial esta madrugada. En línea con el texto de la norma, se considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves.

Además, permite la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial” para facilitar la acción de la justicia. Así, las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.

En esa línea, endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con organizaciones criminales, con condenas de 8 a 20 años, así como también habilita a que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, es decir que se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal.

Esta legislación fue el último proyecto que se trató en las sesiones extraordinarias en el Senado y fue sancionada de manera unánime con 38 votos del oficialismo de la oposición dialoguista y de los integrantes del Frente de Todos Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). El resto de la bancada kirchnerista se fue del recinto antes de la definición para evitar una nueva fractura que, en los hechos, se consumó.

Un aspecto destacado es la investigación especial que la ley permite bajo ciertas circunstancias. Las autoridades judiciales pueden declarar áreas geográficas como zonas sujetas a investigación especial, facilitando intervenciones de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con la justicia. Esto también permitirá la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales.

Otro de los puntos claves de esta ley es la modificación del Código Penal, introduciendo nuevos artículos que endurecen las penas para aquellos que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita. Las penas pueden variar entre ocho y veinte años de prisión para los involucrados en delitos de grave magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas.

La ley también permite el decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales, incluso antes de una condena. Si el Ministerio Público Fiscal solicita el decomiso de bienes de personas involucradas en organizaciones criminales, estos bienes pasarán inmediatamente al dominio del Estado. Si la persona es absuelta, los bienes serán restituidos, garantizando la protección del derecho de propiedad.