En los últimos días, las peleas callejeras que protagonizaron adolescentes en la provincia, pusieron al gobernador Osvaldo Jaldo en el centro de todas las miradas cuando firmó el decreto para frenar la ola de violencia estudiantil en el centro de la capital tucumana.

“Era necesaria la acción del Estado y no una reacción del Gobierno para evitar situaciones lamentables que ya vivimos en el pasado”, reflexionó el mandatario al justificar la firma del decreto 1.290 que autorizó al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán a adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial.

También planteó corresponsabilidades con los padres y con los establecimientos escolares. “No vamos a retroceder con las medidas preventivas. A esto había que darle un corte definitivo”, expresó el titular del Poder Ejecutivo, reafirmando la vigencia del decreto, cuestionado por distintos organismos de defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes.

La Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Nación advirtió que, tal decreto provincial, podría causar una condena regional e internacional al Estado argentino, que derivarían en sanciones al país “por cuanto se trata de medidas inconstitucionales y violatorias del derecho internacional de los derechos humanos”, especialmente de esa franja etaria.

Dentro de Casa de Gobierno se planteó el debate sobre la legalidad de las disposiciones adoptadas por el mandatario. La propia fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, dejó en claro que, junto con el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, se tomaron todas las precauciones para no transgredir normas constitucionales, ni códigos penal ni civil, mucho menos los márgenes de acción de las fuerzas policiales.

A criterio de la fiscal, la grave alteración del orden amerita que la Policía tome cartas en el asunto. “No puede ser espectadora, sino que puede tomar medidas disuasivas para evitar aquella alteración del orden”, subrayó.

Comenzaron a controlar el ingresos a las escuelas y a revisar mochilas

Jaldo tiene previsto reunirse mañana con Pedicone de Valls y también con Nazur, con el fin de continuar analizando las acciones emprendidas. “Esto no terminó”, manifestó el gobernador. ¿Qué quiso decir con esa definición? La División de Delitos Telemáticos de la Policía de la Provincia no ha dejado de investigar los mensajes que se enviaron entre estudiantes los días previos a la gresca, así como tampoco los grupos de WhatsApp donde se convocaba a las manifestaciones callejeras. En este aspecto, la mecánica de investigación es prácticamente similar a la que esa dotación de seguridad ha utilizado en ocasión de una eventual revuelta en la Policía que terminó con una serie de detenciones y allanamientos en los domicilios de los sospechosos del eventual levantamiento de efectivos.

“Las investigaciones en el caso de los estudiantes siguen, más allá de que hayan desaparecido algunos grupos. Vamos a instar a la Justicia para que actúe con los elementos que estamos recabando y que resultan sospechosos”, indicó una alta fuente de la Casa de Gobierno.

Dentro del gabinete, Jaldo justificó los motivos por los cuales tuvo que disponer de las fuerzas especiales de la Policía para disuadir otros enfrentamientos y grescas callejeras entre estudiantes. “Muchos de ellos deberían estar trabajando en la prevención del delito. Sin embargo, se los afectó a este operativo porque tienen saben cómo encarar este tipo de situaciones”, justificó el mandatario provincial.

La Policía estará alerta en el transcurso de los próximos días para prevenir nuevos hechos. El Gobierno no quiere más focos de conflictos sociales.