En un nuevo capítulo de la crisis institucional que sacude al Poder Judicial de Tucumán, la jueza Carolina Ballesteros presentó un pedido de juicio político contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez, a quien acusa de ejercer el comercio en forma personal, una actividad prohibida para los funcionarios judiciales.

La presentación formal, de 13 páginas, fue ingresada este martes en la Cámara Legislativa, en medio del proceso de remoción que la propia Ballesteros enfrenta.

Las acusaciones contra Jiménez

Acompañada por su abogado, la jueza argumentó que Jiménez ha estado operando en el ámbito comercial a través de la empresa Campos del Sur SRL, dedicada a la cría de ganado bovino.

Según su denuncia, en junio de 2023 el funcionario adquirió 110 cuotas sociales de la firma, convirtiéndose en el socio mayoritario, una operación registrada en el Boletín Oficial N° 30.494.

Ballesteros sostiene que esta actividad infringe el artículo 6°, inciso 6 de la Ley de Juicio Político (N° 8.198), que prohíbe expresamente a los jueces y fiscales ejercer el comercio de manera personal.

“Jiménez despliega un proceder absolutamente indecoroso e inescrupuloso que lesiona severamente la confianza que se le ha otorgado para ejercer dicho rol”, denunció la magistrada.

Además, cuestionó que la empresa haya fijado su domicilio en La Madrid 362, el mismo inmueble donde anteriormente funcionó el estudio jurídico del ministro fiscal y que actualmente es utilizado por su hija.

Inconsistencias en su declaración patrimonial

Otro punto de la denuncia apunta a supuestas inconsistencias en la declaración patrimonial de Jiménez. Según Ballesteros, el ministro fiscal no registra bienes ni vehículos a su nombre, ni tampoco a nombre de sus descendientes.

También lo acusó de haber simulado su estado civil, declarando ser casado cuando en realidad es viudo, y de haber mentido sobre su condición profesional, ya que se presentó como abogado cuando en realidad ocupa el cargo de jefe de los fiscales.

“Mintió su condición de abogado cuando en realidad es ministro público fiscal de la provincia, una de las autoridades más importantes de Tucumán. Mintió también en sus condiciones personales”, enfatizó la jueza en conferencia de prensa.

Implicancias políticas y recusaciones en la Comisión de Juicio Político

Ballesteros y su abogado también pidieron que se inhabiliten ciertos integrantes de la Comisión de Juicio Político, alegando que algunos de ellos tienen procesos judiciales en curso o condenas previas.

Entre los mencionados en la presentación figuran los legisladores José Orellana, Mario Leito, Tulio Caponio, Sergio Mansilla, Sara Assan y Francisco Serra.

El abogado de la jueza advirtió que, si estos legisladores no se inhiben de participar en el proceso, serán recusados formalmente.

Un clima judicial y político en tensión

El pedido de juicio político contra Jiménez se suma a un escenario ya convulsionado dentro del Poder Judicial tucumano, en el que Ballesteros enfrenta su propio proceso de destitución.

La jueza justificó su denuncia afirmando que recién en los últimos días logró reunir la información necesaria sobre las actividades comerciales del ministro fiscal, en el marco de la defensa que lleva adelante en su juicio político.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá evaluar la procedencia del pedido, mientras crecen las tensiones en un contexto donde las denuncias cruzadas y los conflictos de poder amenazan con reconfigurar el mapa judicial y político de Tucumán.