El viernes, la Corte Suprema de Justicia publicó un informe en respuesta a las críticas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del propio juez Ricardo Lorenzetti. Ambos señalaron demoras en los fallos judiciales y cuestionaron las contrataciones de personal en el tribunal. En el documento, la Corte destacó que en 2024 dictó más de 12.250 sentencias, duplicando las cifras de 2023 y logrando resolver más de 20.000 causas en total, lo que consideraron un récord con una dotación de personal que se ha mantenido estable.

El tribunal subrayó que este incremento de productividad se alcanzó a pesar de estar integrado por solo cuatro jueces en lugar de los cinco establecidos por normativa. Además, señaló que la cantidad de empleados en noviembre de 2024 fue similar a años anteriores, con 2.471 trabajadores frente a los 2.484 de 2023. Comparativamente, en 2017, con una integración completa de cinco miembros y 2.558 empleados, se resolvieron apenas 7.401 sentencias.

Las críticas de Francos, expresadas en una entrevista radial, apuntaron a las largas demoras en las resoluciones de la Corte, cuestionando su eficiencia procesal con una integración reducida. En respuesta, el tribunal recordó su reciente decisión de implementar un mecanismo de sorteo veloz de conjueces cuando no haya unanimidad en los tres votos, desafiando la postura del Gobierno sobre los nombramientos pendientes en la Corte.

El cruce se enmarca en un clima de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, agravado por la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en el máximo tribunal. Con esta decisión, la Corte parece enviar un mensaje a la administración de Javier Milei, quien ya manifestó estar dispuesto a designar jueces por decreto si no logra el respaldo necesario en el Congreso.