Los gremios docentes universitarios anunciaron un paro para este jueves tras la ratificación del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Luego de la sesión en el Congreso que dejó firme la decisión del Presidente, el Frente Sindical de Universidades Nacionales lanzó un duro comunicado:  “Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra  del mandato popular de defender la universidad”.

En paralelo, los movimientos estudiantiles extenderán las tomas de los establecimientos educativos a lo largo de todo el país y, algunas de ellas ya estarían cerca de romper la barrera de las 72 horas de protesta.

En las calles, la ratificación de la derogación a la suba presupuestaria para las casas de estudio nacionales y el incremento salarial para sus trabajadores fue recibida con amplia resistencia: a las afueras del Congreso, miles de manifestantes mostraron su oposición a la disposición del Ejecutivo, que borra de un plumazo la ley conseguida por el Parlamento semanas atrás. Sin embargo, la lucha se vio en los últimos días además en las universidades, donde tras sucesivas tomas en todo el país se dará ahora el siguiente paso en la protesta con un paro total. 

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) también confirmó su adhesión al paro. A través de un posteo compartido en sus redes sociales, la agrupación manifestó su rechazo al veto presidencial y llamó a la comunidad a movilizarse "en defensa de los salarios, el presupuesto y la universidad pública".

En nuestra provincia, la sede de Filosofía y Letras fue la primera en sumarse a la toma de universidades nacionales. “Se acaba de tomar la facultad de ARTES UNT contra el veto de Milei en defensa de la universidad pública”, comunicó la secretaria general de ADIUNT, Anahí Rodríguez, al indicar que la medida podría extenderse.

El proyecto de la Ley de Financiamiento Universitario, presentado por la Unión Cívica Radical (UCR), tiene como propósito declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el próximo año. El texto de la ley propone una distribución fija del presupuesto: un 85% será destinado a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. Una fórmula que integra el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos, será utilizada para actualizar bimestralmente los fondos destinados al funcionamiento universitario.

Además, el proyecto sugiere modificar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión, para una distribución más equitativa del presupuesto entre las universidades.

La medida de fuerza tiene una importante adhesión a nivel nacional, confronta con la negativa del Gobierno a discutir un aumento salarial en mesas de negociación y la falta de diálogo desde la reunión mantenida el 28 de mayo con la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano) que profundizó la situación de tensión y malestar entre los educadores.