El presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaibén Terraf, presentó una denuncia penal contra la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, acusándola de favorecer una campaña de amedrentamiento en su contra.

La presentación se basa en un inquietante episodio ocurrido el 19 de diciembre de 2024, cuando empleados de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio depositaron un ataúd de madera en la entrada del Tribunal, en lo que Terraf considera una amenaza directa.

Un ataúd y un mensaje inquietante

Según la denuncia presentada ante la Unidad Fiscal Criminal, las cámaras de seguridad registraron a empleados de la firma de limpieza municipal dejando el ataúd de madera en la sede del Tribunal de Cuentas, ubicada en Congreso 180, durante la madrugada.

Terraf sostiene que el acto buscaba generar temor entre los empleados y simbolizar un mensaje intimidatorio, al tiempo que señaló que otro individuo, previamente, entregó un objeto que podría haber sido dinero a los involucrados.

 
 
 
 
 
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La denuncia no es un hecho aislado. Terraf recordó que en 2024 él y su equipo fueron objeto de una campaña de desprestigio, con afiches anónimos y mensajes difamatorios en la vía pública, y acusó a la gestión municipal de no haber actuado para frenar estos ataques.

Además, vinculó estos hechos con la reciente prórroga del contrato de la empresa 9 de Julio, que presta el servicio de recolección de residuos en la ciudad, establecida mediante la Ordenanza 5.333.

Acusaciones cruzadas y respuesta del Municipio

En su denuncia, Terraf apuntó directamente a la intendenta Chahla y al fiscal municipal, Conrado Mosqueira, asegurando que la jefa municipal "no es ajena a los hechos denunciados" y que, a través de su rol institucional, fomenta y permite actos de hostigamiento contra él y el Tribunal de Cuentas.

“Ingeniosamente, la Sra. Chahla no actúa de modo directo; se vale de su rol de intendenta para ejecutar actos delictivos sumamente graves”, señaló en su escrito.

Desde el Municipio, sin embargo, rechazaron categóricamente estas acusaciones. Mosqueira calificó la denuncia de "exagerada e improcedente", argumentando que la empresa 9 de Julio es una firma privada con la que la Municipalidad solo mantiene un vínculo contractual, por lo que la intendenta no puede ser responsabilizada por las acciones de sus empleados.

El fiscal municipal informó que solicitó un descargo a la empresa prestataria, la cual lamentó lo sucedido y aseguró que tomará medidas contra los empleados involucrados. A su vez, Mosqueira enfatizó que, al haber una denuncia penal en curso, será la Justicia la que determine las responsabilidades y que la Municipalidad no puede intervenir en paralelo.

Un conflicto que escala

La denuncia de Terraf contra Chahla se suma a una escalada de tensiones entre el Tribunal de Cuentas y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el episodio del ataúd y las acusaciones cruzadas reflejan un conflicto político e institucional que sigue en aumento, con denuncias de amenazas, ataques mediáticos y disputas por la contratación de servicios esenciales.