Ticucho, un pequeño paraje rural del departamento Trancas a unos 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, se encuentra en el centro de una creciente preocupación judicial y ambiental. 

La zona, que forma parte de la Reserva Natural El Cadillal, enfrenta desde hace al menos cinco años un proceso sostenido de usurpaciones, construcciones ilegales y cercados dentro de áreas protegidas, con denuncias por ocupaciones irregulares incluso dentro del espejo de agua.

La alerta fue encendida nuevamente por Diego Lobo, ex directivo del Tucumán Yacht Club y conocedor del lago desde hace más de 40 años. “En Ticucho pasará lo mismo que en El Mollar. ¡Hasta cercaron con alambres dentro del lago!”, denunció. 

Sus palabras no son exageradas: ya se detectaron al menos 20 viviendas construidas sobre zonas prohibidas, particularmente entre el paraje India Muerta y el río Tapia.

Inspección y operativos en marcha

El subsecretario de Medio Ambiente, Martín Lazarte, confirmó que para esta semana se programó una inspección conjunta entre las direcciones de Catastro, Agua, Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo, con el objetivo de constatar las irregularidades.

La Fiscalía de Estado, junto con la Unidad Ejecutora que coordina los relevamientos, prepara una nueva intervención basada en sobrevuelos con drones realizados previamente.

A la par, se investiga el accionar de particulares que reclaman la propiedad de las tierras, como las familias López, González y Torres, esta última amparada en supuestos derechos ancestrales.

El conflicto se agrava por la falta de delimitaciones precisas y por la expansión de actividades que, según testimonios locales, crecieron durante la pandemia, en pleno aislamiento social.

El avance de las construcciones ilegales

Vecinos como Marcos Silvera y Máximo Ferreira relataron cómo los accesos públicos al lago fueron restringidos con tranqueras y carteles de “Propiedad Privada”. 

Incluso se denunció la instalación de granjas avícolas y casas en zonas de reserva, muchas sin documentación clara sobre la titularidad ni autorización del Estado. “Acá la gente hace lo que quiere. Nadie controla nada”, se quejó Ferreira.

A esto se suma una polémica particular: una casa en la cima de una loma, que, según vecinos, pertenecería al comisionado Pedro Acosta. El funcionario negó públicamente la existencia de usurpaciones en Ticucho, pero se excusó de brindar declaraciones ante los medios.

¿Quién controla el perilago?

La situación genera preocupación entre los organismos provinciales por la degradación de un área clave del ecosistema y por la pérdida de espacios de acceso público. 

“Las normas son claras: las riberas de ríos y lagos son de dominio público y deben respetarse los 35 metros desde la línea de máxima creciente”, recordó Lazarte.

Además, especialistas como Julio Ramírez advierten que, debido a la colmatación del embalse y los problemas estructurales de la presa, la reducción del espejo de agua ha permitido que sectores antes anegados queden expuestos, generando un efecto de apropiación oportunista por parte de quienes buscan extender sus dominios hacia la costa.

Patrimonio en disputa y legado en riesgo

Ticucho, aunque pequeño y sin servicios básicos como agua o energía eléctrica, se convirtió en una zona de alto valor turístico y ambiental, al formar parte del trayecto conocido como “El camino del Perilago”, por la ruta 312. 

Ese corredor fue parte del proyecto turístico impulsado por el exgobernador Celestino Gelsi, quien soñó con un desarrollo sustentable en torno al dique que hoy lleva su nombre.

Hoy, ese legado está siendo amenazado por una “ensalada dominial”, como la califican los propios pobladores, en la que conviven denuncias cruzadas, falta de control estatal, apropiaciones ilegales y presunto encubrimiento político. 

“Se están tirando un lance para quedarse con esos lotes”, concluyó Ramírez, convencido de que el Estado debe intervenir con fuerza para recuperar el control sobre el territorio.