En el marco de la reestructuración del Estado, el gobierno de Javier Milei decidió disolver la Secretaría de Vivienda, que funcionaba bajo el Ministerio de Economía. La medida, formalizada a través del Decreto 70/2025, busca que las provincias, municipios y el sector privado asuman un rol protagónico en la gestión de políticas de vivienda, reduciendo la intervención del Estado Nacional.

Entre las acciones inmediatas, se inició el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario PROCREAR, destinado a la vivienda única familiar, debido a fallas detectadas como demoras en entregas y problemas de habitabilidad. Además, se cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, señalado por irregularidades y uso relacionado al clientelismo aducieron.

El gobierno también avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y reubicó la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura bajo la Secretaría de Obras Públicas. El cierre de la Secretaría de Vivienda se realizará de manera progresiva, garantizando una transición ordenada mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).

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