El Gobierno denunció por traición a la patria al exembajador K en Venezuela, Oscar Laborde, que intervino en el caso del gendarme detenido en ese país, Nahuel Gallo. La presentación la hizo abogado y funcionario del organismo liderado por Patricia Bullrich, Fernando Soto. En el escrito consideraron que Laborde expuso “argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección” del agente, detenido el 8 de diciembre, acusado de “espionaje”, después de entrar a Venezuela.

Soto mencionó la denuncia: “Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación del Gendarme Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática a través de las misiones internacionales pertinentes, el ex embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde -designado por el entonces presidente Alberto Fernández-, inició sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones internacionales contactando a la familia del Gendarme en Argentina, a fin de entregarle ‘una carta’ a Nahuel Agustín Gallo, con la colaboración del Gobierno de Venezuela”.

El Ministerio de Seguridad advirtió en la presentación: “El obrar del imputado Laborde no fue una ‘cuestión humanitaria’, como él pretende presentarlo en los medios. Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme ‘desaparecido’, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto ‘ingreso irregular’ que abonaría la inventada sospecha de ‘espionaje’, además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada”.

El organismo encabezado por Bullrich consideró en la denuncia: “Más que una ‘gestión humanitaria’, la conducta del ex embajador denunciado es todo lo opuesto, ya que actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina. La información que se tiene del denunciado Laborde lo acerca a ser un colaborador del régimen de Maduro”.

El Gobierno aclaró que no le pidió “ninguna intervención ni gestión diplomática alguna al imputado Laborde, ni -por supuesto- ha autorizado ninguna acción para que realice gestiones ante el gobierno de Venezuela”, y advirtió: “Su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al Gendarme Gallo, presentando como ‘humanitario’ a un gobierno dictatorial, y como ‘fascista’ a nuestro gobierno democrático, al presentar el caso como un ingreso ilegal destinado a intervenir en un país extranjero mediante un ‘servicio de espionaje’ con una Fuerza de Seguridad en forma ilegítima”.

El Gobierno denunció por traición a la Patria al ex embajador kirchnerista que intervino en el caso del gendarme secuestrado

El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando el cabo primero de Gendarmería viajó para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años. Gómez García, de nacionalidad venezolana y residente en Argentina desde hace más de cinco años, había gestionado una carta de invitación para que Gallo pudiera ingresar al país con fines recreativos. El itinerario del viaje, que incluía un ingreso por el Puente Internacional Simón Bolívar desde Colombia, fue debidamente informado y autorizado.

Sin embargo, tras cruzar la frontera el 8 de diciembre de 2024, Gallo fue detenido. Según el relato de su familia, las autoridades le confiscaron su teléfono y equipaje, y posteriormente lo trasladaron en un vehículo sin identificar. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, y las autoridades venezolanas lo han acusado de espionaje, sin proporcionar información oficial sobre su situación procesal ni las condiciones de su detención.