A pesar de estar en plena discusión sobre los temas propuestos en las sesiones extraordinarias, el Gobierno ya trabaja en un proyecto que enviará en el periodo legislativo tradicional y que buscará eliminar “todo tipo de discriminación positiva”, incluyendo la emisión de DNI no binarios, el cupo trans en el Estado y la tipificación del delito de “femicidio”.

Se trata de la denominada “ley de igualdad ante la ley”, que se empezó a planear a mediados del año pasado y en la que está trabajando el asesor presidencial Santiago Caputo junto a su equipo, liderado por la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes vinculadas con la redacción de esta iniciativa, si bien todavía no hay una fecha establecida en la que se va a enviar al Congreso, la idea es presentarla en los próximos meses, por lo que formará parte de la discusión en plena campaña electoral.

Puntualmente, en el texto se propondrá derogar o modificar una gran cantidad de normativas vigentes que para la actual gestión son distorsivas y “no tiene sentido que sigan existiendo”.

Por ejemplo, una de las leyes que se buscará eliminar es la número 27.636, llamada de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”.

Esta medida, aprobada durante la administración de Alberto Fernández, estableció que un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional debían ser ocupados por profesionales que sean parte de ese colectivo.

El paquete de leyes propone también la derogación del decreto 476/2021, que dispuso la creación del DNI no binario. La norma permite la incorporación de una tercera opción en el campo del sexo del documento nacional de identidad. Incluye la baja de la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que predispone que el 30% de los artistas en festivales y eventos musicales debe ser de mujeres.

La iniciativa contiene también la revocación de la Ley de Identidad de Género (26.743), que habilita a las personas a identificarse conforme a su identidad de género autopercibida en documentos oficiales y legitima el acceso a tratamientos médicos para adecuar el cuerpo.

Por último, también se generaría cambios en la Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019, sobre el final del mandato de Mauricio Macri, que implementó las capacitaciones obligatorias en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres Poderes.

Como todo proyecto, la iniciativa se tratará en el Congreso y no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a las personas que ya cuenten con algunos de los beneficios mencionados, ya sea que trabajen en el Estado o cuenten con un DNI no binario, que seguirán siendo legales.

Por otra parte, aclararon que no se van a impulsar por el momento cambios ni en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ni en el matrimonio igualitario.