Durante el programa de Los Primeros TV de este lunes, el columnista Álvaro Aurane analizó las últimas modificaciones relizadas por el Poder Ejecutivo al Presupuesto Provincial 2023. 

El periodista basó su editorial en el hecho que el viernes pasado, 1 de septiembre, a las 12.03, el Poder Ejecutivo presentó ante la Legislatura su proyecto de ampliación presupuestaria para este año. 

Según esta iniciativa (Expediente 14-PE-23), los gastos provinciales se incrementarán un 38%, “como consecuencia de la elevada inflación que se está generando en el presente ejercicio, muy por encima de la estimación prevista en las pautas de inflación anual consideradas para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General 2023”.

¿En cuánto aumentarán los gastos del Estado tucumano? En 305.000 millones de pesos. No es un redondeo: la cifra expresada en el documento oficial es un perfecto número redondo.

¿A qué se destinará ese gasto? Específicamente: “El incremento en los recursos genera un incremento en las erogaciones que por participación de impuestos corresponde a municipios y comunas. Asimismo, la diferencia en el incremento de las erogaciones será destinada a atender el pago de la planilla salarial de la Provincia por cuanto las partidas presupuestarias específicas resultan insuficientes como consecuencia de los ajustes salariales del presente ejercicio económico”.

Fin de las explicaciones. Porque en esta provincia, el proyecto para que el Gobierno gaste $ 305.000 millones de pesos más que los previstos para este año tiene dos (sí, sólo dos) páginas de extensión. Y dos (sí, también sólo dos) artículos. Y dos (sí, apenas dos) párrafos por todo detalle. Al anterior se agrega el que le dice a la Legislatura: “A través de este breve mensaje se pone a Vuestra disposición la esencia de lo que comprende el proyecto que se somete a consideración”.

Nada les costaba agregar, por caso, “Y que Dios se lo pague”.

Para mayores generalidades, toda (pero toda) la ampliación presupuestaria se asigna a una única partida. Dice telegráficamente el artículo 1°: “Erogaciones corrientes: $ 305.000.000.000”.
Sin embargo, en esas escasas palabras ya hay una certeza: de todo ese dineral, nada duradero quedará para los tucumanos. Ni un centavo está destinado a erogaciones de capital, es decir, a gastos en bienes que se incorporan al patrimonio del Estado. Como una autopista. O un centro deportivo de alto rendimiento. O un centro cívico. O una ambulancia. O móviles policiales. O sillas, mesas y escritorios. O una impresora, aunque más no fuere.

En este punto, hay que redimensionar la naturaleza del gasto público que aumenta. En noviembre del año pasado, apenas se aprobó el Presupuesto General de la Provincia para 2023, el Observatorio del Gasto Público de la Fundación Federalismo y Libertad elaboró una radiografía de ese plan de uso de los recursos de los contribuyentes. Allí determinó que de los $ 788.000 millones de gastos proyectados para este año, $ 615.000 millones correspondían, justamente, a “Erogaciones corrientes”. Así que, en los hechos, el gasto corriente del Estado tucumano (ese que no se convierte en “cosas” que quedan), con la ampliación de $ 305.000 millones, habrá aumentado un 50%.

Ahora bien, de esas “erogaciones corrientes” que, sin más precisión, se indica que irán a municipios, a comunas y a salarios provinciales, ¿cuánto es para cada quién? Tampoco se sabe. El artículo 2° sólo dice. “El Poder Ejecutivo hará la distribución de los recursos y gastos incrementados por esta ley conforme los conceptos y partidas establecidos en el Presupuesto General, fijado por Ley 9.633. Queda facultado a realizar las modificaciones de las partidas tanto de recursos como gastos que permitan reflejar en el presupuesto vigente los incrementos dispuestos en la presente ley”.

Por cierto: la Ley 9.633 tiene 25 artículos. De estos, nueve comienzan diciendo “Facúltase al Poder Ejecutivo”, o “Autorízase al Poder Ejecutivo” o “El Poder Ejecutivo queda facultado” a realizar todo tipo de aumentos, modificaciones, ajustes o compensaciones de partido. Un décimo artículo suspende la obligación de las comunas de presentar sus proyectos anuales de presupuesto.

Tres últimas cuestiones emergen del mar de imprecisiones presupuestarias de esta provincia. La primera radica en que el Poder Ejecutivo debe pedirle al Poder Legislativo que amplíe la pauta general de erogaciones del Estado porque el Presupuesto General no es una autorización de gastos que se extiende a la Casa de Gobierno, sino una orden. Una ley. Un mandato de la Legislatura.

En segundo término: la ampliación presupuestaria no consiste en un pedido del Ejecutivo para que lo avalen a gastar más. Eso es así, acaso, teóricamente. Pero en los hechos, el gasto ya ha sido efectuado o ya está comprometido. Por si alguien lo olvida, al actual gobierno tucumano le quedan 55 días en el poder. Los tucumanos votaron en junio por la continuidad del oficialismo, pero el 29 de octubre habrá otro gobierno. Así que la ampliación presupuestaria es el blanqueo de lo ya erogado. O de lo que ineludiblemente hay que erogar. ¿La Legislatura no ahondará en el menor detalle?

Este interrogante deriva en la tercera cuestión: el rol del Poder Legislativo. El control del gasto público no le corresponde por un postulado ideológico ni por una concepción de la república: es la función que determina el origen y la naturaleza de las cámaras de representantes del pueblo. En Europa, los reyes recibían su legitimidad del linaje y del hecho que la tradición indicaba que eran ordenados por Dios. Pero al dinero lo recibían de los nobles (y estos de los súbditos), así que las primeras cámaras, integradas por esos nobles, se gestaron para controlar en que gastaba Su Majestad los recursos que recibía de los contribuyentes.

La decisión y la palabra, ahora, están en boca de la Legislatura de la Provincia. La Historia, también.