La venta irregular de terrenos en la Reserva La Angostura ha destapado un entramado de corrupción que involucra a exfuncionarios y empleados estatales.

Según la investigación del fiscal Miguel Varela, un grupo de personas usurpaba tierras fiscales para luego comercializarlas, utilizando documentación obtenida mediante maniobras irregulares para darles apariencia de legalidad.

El mecanismo consistía en la participación de empleados de la Subsecretaría de Regularización Dominial, quienes ofrecían a los ocupantes de terrenos la posibilidad de gestionar escrituras a cambio de parcelas.

Esta repartición, recientemente eliminada por decreto del gobernador Osvaldo Jaldo, habría sido clave en la facilitación de estas transacciones fraudulentas.

Emblemático

El caso más emblemático es el del “Loteo Gaucho Castro”. Juan Pablo Castro, quien aseguraba haber recibido tierras en 1985, decidió vender parte de ellas.

El empleado de Regularización Dominial, Rafael Trujillo, se presentó como desarrollador del proyecto, quedándose con un 20% de las tierras cedidas por Castro.

Posteriormente, las cesiones de posesión se efectuaban mediante convenios avalados por escribanos, sin que existieran escrituras legales.

Funcionarios públicos

La investigación también apunta a Fernando Rogel Chaler, ex titular de Regularización Dominial, quien habría firmado documentos certificando la escrituración de los terrenos.

En un allanamiento en su residencia, se hallaron sellos oficiales que podrían haber sido usados en estos trámites fraudulentos.

Otra figura clave en el caso es el comisionado Jorge Cruz, quien negó la existencia del loteo en la comuna, aunque evidencias en el expediente demuestran lo contrario.

Nuevas pruebas

Testimonios indican que Cruz utilizó maquinaria comunal para construir caminos internos en el loteo, recibiendo a cambio terrenos que luego habrían sido vendidos.

Además, el fiscal Varela identificó que los compradores de estos lotes no recibían escrituras, sino cesiones de posesión, firmadas en escribanías que operaban en connivencia con los responsables del esquema.

La investigación sigue en curso y se espera que nuevas pruebas permitan esclarecer la magnitud de la red de corrupción que operaba en la venta de terrenos fiscales en El Mollar.