El gobierno provincial está decidido en recuperar las tierras fiscales que fueron usurpadas en municipios y comunas. Las irregularidades más evidentes se registraron en principales puntos turísticos de Tucumán. Durante el verano, la Provincia tomó posesión y desalojó varios emprendimientos comerciales y particulares que rodeaban la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar. 

Posteriormente, las investigaciones y relevamientos fiscales posaron sus ojos en El Cadillal, allí un informe determinó que hay graves irregularidades dominiales. Los loteos y cientos de construcciones privadas proliferaron en zonas inundables, o en parte de la Reserva Natural. En su mayoría los nuevos barrios erigidos en cercanías al dique Celestino Gelsi, no cuentan con servicios básicos, ni con la caminería adecuada para ingreso de ambulancias o camiones de recolección de residuos, por ejemplo. 

Actualmente, las tareas que realizan funcionarios de la Unidad Ejecutora, de la Secretaría de Medio Ambiente, de las Direcciones de Catastro, Flora y Fauna y Agua, y del Ente Tucumán Turismo, se ubican en Ticucho, localidad lindante a El Cadillal. 

Los encargados de las mencionadas áreas coordinan acciones para poder documentar presuntas usurpaciones en el paraje que pertenece a la comuna de Tapia. 

Días atrás un drone sobrevoló y capturó millares de imágenes en la ruta 312. Ahora los técnicos de la Dirección de Catastro procederán a comparar esos registros con la base de datos de geolocalización. Durante esta semana, los profesionales entregarán un informe que permitirá actuar en los terrenos dónde se hayan registrado irregularidades dominiales. En forma preliminar indicaron que habría una treintena de casas construidas en terrenos fiscales, especialmente en la zona del río Tapia. También está sujeta a observación la propiedad del comisionado comunal Pedro Acosta.

Los técnicos de Catastro también detectaron que hay muchas propiedades presuntamente privadas que demarcaron sus lotes con alambrados que se extienden hasta el interior de la cola del dique, en la zona de India Muerta.

Por su parte, los responsables del área de Producción reunirán información sobre dos granjas avícolas que están a la vera de la ruta y de una “chanchería”. Ellos confirmarán si estos establecimientos están habilitados y si fueron edificados en terrenos particulares o fiscales. También deberán corroborar si cuentan con los certificados ambientales correspondientes. 

Finalmente, los responsables de Turismo deberán informar cuáles son las concesiones que otorgadas y reportarán qué ocurre con aquellas que quedaron fuera del convenio, entre ellas se encontraría la concesión del club El Cardumen.

Cabe destacar que la Provincia podría recuperar los terrenos sin requerir a una orden judicial, podría recurrir a la figura de “autotutela”, es decir, cuando el patrimonio del Estado está en peligro de ser usurpado o dañado.