El resultado era previsible, pero no por eso dejó de ser revelador a la hora de mirar el futuro de la Corte Suprema y de la Justicia en su conjunto. El rechazo en el Senado de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla terminó con un largo y tortuoso recorrido que se inició hace un año. El juez ya quedó definitivamente afuera del tribunal. El catedrático, quien asumió en comisión en el máximo tribunal, se encamina a dar un paso al costado, a pesar de que en la Casa Rosada hubiesen deseado que se mantuviera en su sillón. Se trata de una decisión estrictamente personal.

Lo más probable es que la medida se efectivice entre mañana y el martes. Y hay un indicio claro en ese sentido: según fuentes del Poder Judicial, el Gobierno presentó en las últimas horas un recurso por salto de instancia, conocido como per saltum, en respuesta a la medida cautelar dispuesta por el juez Alejo Ramos Padilla para impedir que el magistrado pudiera emitir nuevos fallos.

El documento lleva la firma, entre otros, del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, y solicita a la Corte que declare “expresamente los efectos suspensivos” del recurso extraordinario “por salto de instancia y, consecuentemente, disponga, en esa misma providencia, la plena vigencia del Decreto N° 137/25″, que fue el que designó a García-Mansilla.

Si la Corte Suprema, como se espera, dispone la admisibilidad del per saltum, cesa temporalmente la vigencia de las restricciones dispuestas por Ramos Padilla y libera el camino para que García-Mansilla presente su renuncia ante el presidente Javier Milei, no como una respuesta a la cautelar, sino como una reafirmación de su decisión personal.

La salida de García-Mansilla se producirá después de una sesión del Senado al menos paradójica, en donde el debate giró mayoritariamente en torno de la designación de los jueces por decreto, y en la que se soslayó hablar sobre las cualidades de los postulantes. Incluso García-Mansilla, que exhibió largos pergaminos en su carrera, fue más criticado por una frase dicha en la audiencia en la comisión de Acuerdos (cuando señaló que en el escenario de 2015-2016 él no hubiese aceptado ser miembro de la Corte por decreto, aunque siempre consideró que es una facultad del Ejecutivo) que Lijo, sobre quien pesaban muchas más impugnaciones y cuestionamientos éticos sobre su comportamiento como juez federal. La paradoja, cargada de hipocresía, incluyó el hecho de que fuera el kirchnerismo la voz cantante de una curiosa defensa de la transparencia institucional, a pesar de sus antecedentes muy laxos en la materia.

En la Casa Rosada intentaron abortar la sesión por todos los medios, pero al final de resignaron. Aún en las cuestiones institucionales más sensibles tienen una lógica juvenil rebelde de ir y chocar contra la pared. Pero después saben ver sus límites. Ahora lo han vuelto a revivir, como había ocurrido después del traspié de la Ley Ómnibus original, que más tarde se reconvirtió en una Ley Bases negociada con los aliados.

En el entorno presidencial responsabilizan por la derrota a tres actores: Mauricio Macri, quien ordenó dar quórum; a Victoria Villarruel, quien según ellos no hizo esfuerzos para evitar la sesión; y también Ricardo Lorenzetti, porque “prometió los votos que no tenía".

A partir de ahora se abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y la Justicia, que requerirá un fuerte replanteo. Hay algunos en el entorno presidencial que evalúan inconveniente volver sobre el tema de la Corte hasta las elecciones de octubre, para cuando esperan poder engordar su poder legislativo. Para entonces prevén, desde una posición de mayor fortaleza, abrir una negociación más amplia que no sólo incluya las vacantes del máximo tribunal, sino también el procurador General y los casi 200 cargos que están pendientes en la justicia federal. Será una mesa a la que, en las previsiones del Gobierno, se sentarán quienes tengan poder real sobre los bloques del Senado. Otros funcionarios, en cambio, piensan que habrá que retomar rápidamente las conversaciones porque entienden que la Corte, que volverá a tener tres miembros, es una amenaza latente para su poder.

El impacto político y jurídico

El rechazo de los pliegos de García-Mansilla y Lijo por parte del Senado, ha generado un intenso debate sobre las implicancias políticas y jurídicas de esta decisión. El efecto político del rechazo es evidente, pero el impacto jurídico puede llegar a ser aún más complejo.

En esta línea de argumentación, los jueces nombrados en comisión tienen estabilidad en el cargo hasta el 30 de noviembre del año legislativo siguiente a su designación, salvo que sean sometidos a juicio político. Por lo tanto, García-Mansilla podría continuar ejerciendo como juez de la Corte hasta esa fecha, a menos que se inicie un proceso de remoción formal.

Pero hay otros criterios. Un grupo de más de 40 docentes universitarios y especialistas en Derecho de distintas provincias solicitó públicamente el cese inmediato de Manuel-García Mansilla en sus funciones dentro de la Corte Suprema, luego de que su candidatura fuera rechazada por el Senado con 51 votos en contra, una cifra que supera ampliamente el mínimo requerido por la Constitución Nacional.

El futuro de García-Mansilla

La situación de García-Mansilla plantea interrogantes sobre el futuro de los nombramientos en comisión y el rol del Senado en el control de estas designaciones. Ocurre que el rechazo de los pliegos no invalida automáticamente el decreto presidencial, pero sí genera un escenario de tensión política y jurídica.

En su respuesta a Ramos Padilla, el mismo García-Mansilla señaló que sólo pueden removerlo de su cargo mediante un juicio político.

Lo hizo hace tres semanas, al presentar un escrito ante el juzgado, y señaló que un juez no puede remover a otro juez. Tras lo que argumentó que Ramos Padilla no tiene jurisdicción para intervenir, pues lo que se resuelve es ajeno a sus facultades.

En este contexto, el caso de García-Mansilla se perfila como un precedente clave para definir los límites y alcances de las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de jueces en comisión. Mientras tanto, la Corte Suprema deberá enfrentar un período de incertidumbre, con la posibilidad de que sus decisiones sean impugnadas y judicializadas en los próximos meses

La declaración, firmada por Daniel Rafecas, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Manuel Garrido y Roberto Gargarella, entre otros, sostiene que la permanencia del académico en el máximo tribunal “vulnera las garantías de los justiciables” y “compromete la legitimidad de la Corte Suprema como intérprete de la Constitución”.