En el último mes, una ola de amenazas de bomba provocó la suspensión de clases en más de una decena de escuelas de la provincia, donde envían mensajes que alertan sobre la presencia de explosivos dentro de diferentes instituciones educativas.

En general se trata de falsas alarmas que parecen llegar de manera aleatoria a distintos establecimientos. Sucede en escuelas y colegios privados, y con igual frecuencia tanto en el centro como en las localidades aledañas, donde las calles colmadas de estudiantes que debieron abandonar sus aulas de imprevisto se volvieron un escenario cotidiano.

De acuerdo a fuentes judiciales, desde que comenzó la jornada no se informó que ningún colegio o escuela de San Miguel de Tucumán había recibido un mail de intimidación, según las investigaciones realizadas por esa vía.

Los Bomberos de la Policía pudieron confirmar que, después de mucho tiempo, no se tuvo que hacer ninguna inspección durante las primeras horas del viernes.

Esto, claro, es un alivio para los investigadores, ya que los primeros casos comenzaron a registrarse en abril. Fueron incrementándose con el correr de los meses hasta que el miércoles se batió el récord de 15 amenazas contabilizadas sólo en la capital tucumana.

Según los informes oficiales, desde el 1 de abril hasta ayer, en toda la provincia, hubo 92 actos de intimidación en locales escolares y cuatro a empresas privadas.

Debido a la cantidad de horas perdidas, desde el Ministerio de Educación provincial evalúan medidas para recuperar el tiempo y dar todos los contenidos pautados para cada año. Entre estos, dictar clases los sábados.

Hasta el momento, se les dictara la prisión preventiva a cuatro personas y se les trabara embargo por $3 millones a cada uno de ellos

Desde el gobierno informaron que la Policía de la Provincia, a través de la División Delitos Telemáticos, continúa con la investigación para poder capturar a las personas que están enviando los mails y que realizan los llamados telefónicos.

Días atrás, el subsecretario de Seguridad, Rolando Gómez, dijo que ya se habían identificado los teléfonos desde donde se habrían realizado las intimidaciones y que la Justicia estaba detrás de estos.

“La Dirección de Delitos Telemáticos está trabajando de manera conjunta con la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, se ha realizado una investigación donde se obtuvo la identificación de una serie de números de teléfono, chats y mails. A raíz de esto, la Justicia debe enviar las medidas a las empresas como Google u otros organismos internacionales que tienen sus políticas de privacidad y exigen una orden judicial para avanzar con la investigación”, explicó el funcionario.

A pesar del avance de la investigación, hasta el momento se les dictara la prisión preventiva a cuatro personas y se les trabara embargo por $3 millones a cada uno de ellos.