Máximo Thomsen fue el único de los ocho condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa que rompió el silencio de seis meses desde que había sido sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell.

El rugbier declaró en la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, en La Plata, en la que las partes que intervinieron en el juicio por el homicidio respaldaron sus recursos de apelación.

Vestido con un buzo azul con capucha y pantalón gris, Thomsen se sentó en la primera de las tres filas de asientos designados para los ocho condenados.

El joven insistió en que no hubo intención de asesinar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche "Le Brique” y reiteró los cuestionamientos a las actuaciones judiciales, especialmente en las primeras horas de la investigación.

En la audiencia realizada desde las 11 en el primer piso de la sede judicial, en calle 43 al 800 de La Plata, estuvieron también Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi , sentenciados a prisión perpetua, y Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, quienes recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Los otros siete jóvenes que recibieron penas por el homicidio en Villa Gesell decidiero no hablar en la audiencia que comenzó a las 11.00 y terminó a las 13.30. Ninguno de ellos pudo mantener la mirada erguida durante la exposición de Graciela Sosa.

“No tengo nada por qué vivir. Lo único que me motiva para seguir adelante es luchar por mi hijo, para que se haga justicia. Mi vida se rompió el 18 de enero de 2020. Mi hijo fue a pasar unos días de vacaciones y me lo devolvieron en un cajón”, expresó, conmovida, Graciela, mientras los ocho condenados por el homicidio de Fernando, sentados a pocos metros, bajaban sus miradas.

La audiencia estuvo a cargo de los jueces de una de las salas de la Cámara de Casación penal bonaerense, integrada por María Florencia Budiño, Fernando Mancini Hebeca y Mario Kohan. El tribunal dispuso que cada una de las partes tenía media hora para exponer los fundamentos de los recursos.

La fiscal ante mencionado tribunal, María Laura D’Gregorio fue la primera en presentar sus lineamientos. Sostuvo que Lucas Pertosi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli no fueron partícipes secundarios sino que tuvieron una participación necesaria o actuaron como coautores del homicidio doblemente calificado de Fernando.

Los tres habían sido condenados a 15 años de prisión por el Tribunal Oral N°1 de Dolores que consideró que tuvieron una participación secundaria en el homicidio de Fernando.

Los integrantes de dicho tribunal tuvieron en cuenta que no había testigos o grabaciones de cámaras de seguridad o videos particulares en los que aparecieran dentro del grupo que asestó la mortal golpiza contra la víctima. Con este argumento, los jueces del tribunal dolorense descartaron la coautoría funcional planteada por los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García y los abogados que representan a los padres de la víctima: Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola.

En su exposición, la fiscal solicitó que se mantenga la condena a prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado del joven estudiante de Derecho, aplicada, en primera instancia, contra Thomsen, Ciro y Luciano Pertosi, Matías Benicelli y Enzo Comelli.

En representación de los padres de la víctima, el abogado Fabián Améndola, coincidió con el planteo de la fiscalía y detalló los 19 indicios expuestos durante el juicio oral que probaron la existencia un plan para matar a Fernando, pergeñado por los ocho acusados desde que se produjo el primer incidente dentro del local bailable hasta que se concretó la emboscada en la calle.

Este plan probaría que hubo un concurso premeditado y un acuerdo para matar a Fernando, en venganza, por qué, a raíz del incidente ocurrido en la pista del boliche, los custodios echaron a los agresores del local bailable. Para el letrado los ocho condenados fueron coautores.

Finalizada la audiencia, los ocho acusados fueron trasladados a la alcaldía de Melchor Romero. Mientras que el tribunal comenzará a revisar los recursos y podría dictar una sentencia antes de fin de año.