El Gobierno le mete presión a la cámara de Diputados para tratar la baja de edad de imputabilidad
En la Cámara baja se trabajan distintos proyectos sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. En junio del año pasado, el Gobierno envió una iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
El asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años durante un violento robo en La Plata, ha conmocionado al país y reabierto el debate sobre el Régimen Penal Juvenil. El presidente Javier Milei anunció que este tema será prioritario en el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, que comienza el próximo sábado. La discusión se centra en la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años.
El Gobierno nacional presentó en 2023 un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 13 años, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y establecer un sistema diferenciado de sanciones y resocialización.
Preocupación por la resocialización, inversión y las condiciones carcelarias
Aunque los proyectos buscan sancionar a los menores infractores, también enfatizan la importancia de programas de resocialización, educación y tratamiento médico.
Sin embargo, un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura revela graves deficiencias en los centros de detención juvenil, como falta de higiene, hacinamiento y uso indiscriminado de psicofármacos. Estas condiciones plantean dudas sobre la capacidad del sistema para implementar reformas efectivas.
Más allá de la edad de imputabilidad, expertos y legisladores coinciden en que el sistema penal juvenil requiere una reforma integral. Actualmente, 13 provincias tienen menos de tres centros para jóvenes infractores, y Tierra del Fuego no cuenta con ninguno.
Sin inversión en infraestructura, personal capacitado y programas de asistencia, cualquier cambio en la ley podría saturar aún más el sistema y agravar las condiciones de detención.
División política: ¿12, 14 o 16 años?
La discusión ha dividido a los bloques políticos. Mientras los libertarios proponen bajar la edad a 12 años, siguiendo ejemplos como Brasil y México, otros sectores, como Unión por la Patria, defienden mantenerla en 16 años y priorizar políticas de prevención.
Diputados como Manuel Aguirre y Carla Carrizo sugieren que la imputabilidad debería comenzar a los 14 años, pero con evaluaciones previas sobre la capacidad del menor para comprender sus actos.
Además, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) y Diego Santilli (PRO), han propuesto iniciativas que fijan la edad en 14 y 15 años, respectivamente. Estos proyectos incluyen sanciones alternativas, como servicio comunitario y monitoreo electrónico, para casos menos graves.
Mientras algunos diputados insisten en tratar a los menores reincidentes como delincuentes, otros proponen enfoques integrales que combinen educación, deporte y formación ciudadana.