La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó que 131 personas con pedidos de captura recibían pensiones no contributivas por invalidez laboral. En los últimos días, gracias a un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad, se logró detener a 14 de estos prófugos, algunos acusados ​​de delitos graves como intento de violación y robo agravado.

Entre los detenidos, uno se enfrenta hasta ocho causas penales. La mayoría de los beneficiarios se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La investigación, impulsada por Diego Spagnuolo, director de ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad reveló que estos beneficios se otorgan sin controles exhaustivos por parte del estado.

. El cruce de datos entre ANDIS y el Ministerio de Seguridad expuso un sistema de desvío de fondos que, según estimaciones, podría costarle al país entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales.

Para convocar a los implicados sin levantar sospechas, se enviarán citaciones oficiales a los domicilios registrados en el sistema para que se presenten a revisiones médicas obligatorias.

Tras confirmarse la situación irregular de estos prófugos, la ANDIS inició el proceso de baja inmediata de sus pensiones. Según información de la agencia, este es un paso crucial para proteger los recursos destinados a quienes realmente los necesitan.