Capital Humano ratificó ante la justicia 1.607 comedores y merenderos que “no existen”

El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello presentó ante la Justicia las certificaciones de los 1.607 comedores y merenderos que la cartera “no pudo certificar” porque ya no funcionaban más, porque nunca existieron o porque brindaron direcciones falsas. El fiscal Ramiro González investiga si los referentes de las organizaciones que los administraban seguían recibiendo los alimentos secos o dinero a través del programa Alimentar Comunidad; también a los funcionarios que debían controlar y no lo hicieron.

Esos lugares representan el 47,5% de los 3.385 que se relevaron entre el 7 de febrero y el 17 de mayo. Los “comedores fantasma” pertenecen a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Las dos últimas organizaciones se referencian en los ex funcionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

Hasta ahora Capital Humano había denunciado la inexistencia de 1.201 comedores. Ahora la cifra se amplió. La verificación de la cartera de Pettovello indica que sí se acreditaron 1.766 comedores. Representan el 52,2% de los comedores visitados de manera personal y otros 12 lugares -el 0,4%- volverán a ser auditados.

En total, esos comedores y merenderos asisten a 240.370 personas, un promedio de 163 beneficiarios por local.

Los documentos, fueron presentados el viernes ante la fiscalía de González por Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humana.

La abogada ya había descripto en una de sus presentaciones que “el entonces Ministerio de Desarrollo Social para asistir a los merenderos/comedores tenía dos políticas: una, la adquisición de alimentos en especies; y la otra, otorgar dinero para la compra de alimentos. En ambos casos se otorgaba la asistencia a las agrupaciones sociales que declaraban nuclear merenderos/comedores para que sean ellas quienes terminen repartiendo la asistencia a los ‘preinscriptos’ en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM)”.

Las cifras no son menores. De las planillas incorporadas como prueba al expediente por Gianni se desprende que 38 organizaciones recibieron seis mil millones de pesos del área de “Políticas Alimentarias”.

De esos datos oficiales -publicados por este medio- también se desprende que el Polo Obrero fue la organización social que más alimentos recibió en 2023 por parte del Gobierno de Alberto Fernández: 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas que se distribuyeron entre 44 entidades.

¿Esa totalidad de alimentos fueron en realidad a los platos de los más vulnerables o se utilizaba para otros fines? Eso es lo que deberá determinar la Justicia.

La Subsecretaria Legal de Capital Humano tiene opinión sobre ese punto y otros hechos muy poco claros que habrían sucedido durante la gestión del Frente de Todos a través de Desarrollo Social: “Pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, dijo ante el fiscal federal Ramiro González.

En la documentación presentada el viernes se lee, por ejemplo, en el “formulario de validación-constancias de relevamiento” observaciones escritas a mano en las que se sostiene que en la dirección visitada por los funcionarios “no funciona ningún comedor ni merendero. Por referencia de vecinos dicen que falleció la responsable hace 2 años”.

En otro se lee: “No funciona más como comedor. El domicilio corresponde a una cooperativa textil. Ya no funciona como merendero”.

En otro de los lugares inspeccionados se observó: “En la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”, o “los datos de domicilio de la preinscripción no coinciden con los reales”.

En algunos casos, por ejemplo, “estaba duplicada la inscripción”, en este ese caso la “RNCM-0030026″.

La Justicia busca determinar la identidad y participación de “todas las personas que resulten responsables, entre ellos funcionarios públicos que hubieran prestado funciones tanto en la Secretaría de Inclusión Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias, en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023, como así también todo funcionario público que se desempeñara en áreas con vinculación a los hechos”.

En la causa se investigan los presuntos delitos “ de defraudación contra la administración pública” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.