Caso El Cadillal: confirman que un embargo millonario no debe ser sobre bienes inmuebles
La Justicia Federal ordenó el embargo por casi 1.000 millones de pesos a la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi, al hacer lugar a un recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Provincia en el marco de las obras que se realizan en una de las represas de El Cadillal.
El el juez federal José Manuel Díaz Vélez ya había trabado embargo por ese monto, pero sobre bienes muebles e inmuebles de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que es una intermediaria en relación a los servicios que presta y que a su vez le paga a Hidroeléctrica Tucumán SA. Sin embargo, a través de la Fiscalía de Estado que conduce Gilda Pedicone de Valls, se apeló ya que se pretende que se embargue preventivamente los pagos que la empresa demandada tenga a percibir de Cammesa, como asimismo de las cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios o cajas de seguridad de titularidad de Hidroeléctrica Tucumán S.A.
Los trabajos de reparación comenzaron el 16 de marzo de 2023 y se cortaron abruptamente el 20 de octubre tras la finalización del plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa S.A y Mercovial S.A. En ese lapso, las tareas de reparación de la presa lateral N°3 se paralizaron al 50%.
