Fin de los subsidios de luz y gas: quiénes quedan afuera

La Secretaría de Energía anticipó los detalles de lo que será el nuevo esquema de asignación de subsidios a la luz y al gas que estudia el Gobierno de Javier Milei para aplicar desde mayo. Los criterios para acceder a la asistencia serán más restrictivos que los vigentes con la segmentación que comenzó a finales de 2022, por lo que muchos usuarios verán nuevos aumentos en sus facturas de energía durante los próximos meses por la quita de la asistencia.

El eje de la nueva política de subvenciones será la conformación de una Canasta Básica Energética (CBE) por la cual se determinará el consumo básico “para una vida digna” de electricidad y gas natural, dependiendo la zona bioambiental del país en la que resida cada usuario y la cantidad de integrantes del hogar. Como el acceso de gas natural por redes no es universal en el país, se tendrá en cuenta la situación de quienes consumen GLP envasado o utilicen solo la luz, que sí está presente en casi todas las regiones.

La determinación de la CBE tendrá en cuenta los precios y tarifas vigentes en cada punto del suministro. El Estado subsidiará a los usuarios residenciales cuando el costo de esa cesta supere un porcentaje de los ingresos del “grupo conviviente” que será definido por Energía.

El secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, había anticipado que podría estar en torno al 10% (5% gas y 5% luz) y que la diferencia es la que será subsidiable a través de una transferencia directa al beneficiario, a través de tarjeta virtual o CBU, o mediante un descuento en la factura.

Para considerar las necesidades básicas de consumo energético del hogar, se definieron tres tipologías según el número de convivientes: tipo 1 (hasta dos personas), tipo 2 (3 0 4 personas) y tipo 3 (5 o más personas).

Que el hogar solicitante que cumpla con los criterios de inclusión (bajos ingresos medidos en relación con la CBE) se determinará a través de la información declarada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), implementado durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía.

En el RASE tiene una serie de tablas, de las que se desprende cierta información:

• Una con datos del solicitante y de los medidores de energía y gas, sus distribuidoras y el ID de cliente. Una cantidad total de convivientes (mayores y menores), también los ingresos del solicitante.

• Otra vinculada a esta con los datos de cada conviviente mayor de 18 años, con sus datos personales y los ingresos de cada uno.

Con la fecha de la última actualización de los ingresos declarados en el registro (solicitante incluido), se ajustarán los montos por el coeficiente de variación salarial (CVS) que para Energía es el indicador que mejor aproxima la evolución de los salarios registrados. La suma de los ingresos de los convivientes ajustados por el CVS al mes de cálculo se usaría como Ingreso del Grupo Conviviente (IGC).

Con la información de los DNI / CUIL de los integrantes del grupo conviviente, se cruzará con los ingresos declarados con información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras fuentes del Estado, para corroborar la verosimilitud de las declaraciones registradas.

Pero la Secretaría de Energía tendrá en cuenta otros ítems ante la posibilidad de que existan ingresos “subdeclarados”. Para eso publicó una lista de los criterios que podrían tomarse en consideración para el rechazo o exclusión de la asistencia, por lo se considera que ese segmento de la población tiene capacidad plena de pago:

Para minimizar los errores de ingresos no declarados, el Gobierno determinó que si el usuario cumple con alguna de estas condiciones, no podrá acceder al subsidio, más allá de que la CBE supere el porcentaje de ingresos determinado por la Secretaría:

• a. Titularidad de una aeronave.
• b. Titularidad de embarcación de lujo o con fines recreativos.
• c. Titularidad total de dos o más inmuebles.
• d. Titularidad de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.
• e. Titularidad de al menos un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad que registra.
• f. Titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia (total o por derivación).
• g. Más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años.
• h. Pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa privada (IGJ).
• i. Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $1 millón.
• j. Compra de moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses.
• k. Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $1 millón.
• l. Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo que equivale a $50,700 desde marzo. El valor del Salario Mínimo Vital y Móvil para marzo será de 202.000 pesos.