Los empleados estatales que cobraron el Potenciar Trabajo pueden quedar cesantes
El Gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto para poner en marcha una investigación administrativa que determine las incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones en los que incurrieron empleados de la Administración Pública Centralizada al percibir de manera ilegal dinero del programa nacional Potenciar Trabajo.
El instrumento legal es la respuesta al Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que se suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa "Potenciar Trabajo".
Estos beneficiarios fueron observados en la investigación por incompatibilidades en la percepción de los dineros del programa con las remuneraciones de empleados estatales en 14 provincias.
La investigación, iniciada en el ámbito de Tucumán, alcanza a los agentes de la Administración Pública Centralizada, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales, y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL).
En forma preliminar se han determinado 956 presuntos casos de incompatibilidad, abarcando diversas áreas gubernamentales.
Un mes de plazo
En el decreto, Jaldo instruye a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, eleve sus conclusiones y una eventual formulación de fargos.
Los Ministros de Educación y Seguridad tienen la misma instrucción respecto del personal de sus dependencias.
Los casos tomaron estado público a través de publicaciones en medios nacionales y provinciales, generando interés, preocupación y sobre todo, bronca en la sociedad tucumana.
La medida dispuesta por el gobernador busca esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el manejo de programas sociales en la provincia.
El decreto también especifica que la eventual aplicación de sanciones puede ir desde un apercibimiento hasta la cesantía.
El comienzo de la investigación
Todo inició cuando el fiscal Guillermo Marijuan cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias.
Fue así como, desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se tomó la determinación de dar de baja a las personas que, según esa investigación, recibían una contraprestación, además del beneficio de Potenciar Trabajo.
A través de la Resolución 17/2023, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntadas: se trata de un listado de 418 páginas.
Los trabajos judiciales arrojaron que "luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan".
Las catorce provincias bajo investigación, hasta el momento, son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
