Identificaron a los piqueteros que marcharon la semana pasada: qué pasará con sus planes sociales
Solo les quitarán la asistencia social a los beneficiarios que no hayan respetado el derecho a la libre circulación
En medio de la tensión por el control del espacio público, la implementación del protocolo anti-piquetes y la decisión del Ejecutivo de cortar los beneficios para aquellos que corten las calles, la administración libertaria aseguró que no le quitará los planes sociales a la mayoría de los piqueteros que marcharon la semana pasada a Casa Rosada.
La línea que rige en las líneas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, se basa en que solo se quitará asistencia social a los beneficiarios que no respeten el derecho a la libre circulación.
En ese sentido, la identificación individuos que realizó el Ministerio de Seguridad bajo el ala de Patricia Bullrich solo registró a 35 infractores, según el último informe de la operación.
De esa forma, se trataría de un número bajo de sancionados respecto a los casi 3000 manifestantes que contó e identificó el Gobierno en la marcha que impulsó el Polo Obrero bajo el liderazgo de Eduardo Belliboni.
Lo que sí le cobrará el Gobierno a los piqueteros es el costo del operativo de seguridad en conjunto de las fuerzas policiales y federales en Casa Rosada y en las inmediaciones de Ciudad de Buenos Aires.
El monto del despliegue fue cotizado en $60.000.000 -se concibió además la nafta y el promedio de horas por hombre- y el ministerio de Seguridad le pasará la factura a las organizaciones sociales que identificaron en el evento.
Se trata del Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.
Al respecto, Belliboni expresó: “El servicio de seguridad, como la salud y la educación, todos lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Van a cobrar también la procesión a Luján? ¿Van a cobrar la movilización por Riquelme? ¿O se les cobra solo a los morochos y pobres?”.
En torno a la línea 134, que abrió el Gobierno para denuncias de extorsión respecto a la quita de planes de los intermediarios, el Ministerio de Seguridad notificó 15.900 llamados.
En ese contexto, se separaron 1100 denuncias, de las cuales se han clasificado 214 planillas de comunicaciones que se presentaron en la denuncia realizada en los Tribunales Federales.
La acusación se respaldó en el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales y recayó en el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y en la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita.
En ese sentido, desde las filas de Bullrich confirmaron que se listaron 32 personas denunciadas como presuntos autores de los delitos mencionados.
Qué dice el artículo 194 del Código Penal
El artículo 194 del Código Penal, bajo el que se ampara Bullrich para desarrollar el protocolo de Orden Público, establece: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.