Por decreto, el Gobierno oficializó la baja de los contratos de 7 mil empleados públicos

El Presidente Javier Milei sigue aplicando el plan de ajuste que ya tuvo sus primeras medidas de shock en las poco más de dos semanas que lleva el gobierno nacional en funciones. Además del DNU publicado días atrás y el paquete de medidas que se tratará en extraordinarias a partir de este martes en el Congreso, el mandatario anticipó que “hay más”.

En este sentido, el Gobierno avanzó con un decreto que deja sin efecto 7000 contratos estatales que ingresaron este año. En concreto, se trata de la no renovación de los vínculos laborales. Pero además, habrá un período de evaluación de 90 días para el resto de los contratos estatales.

Con la firma del presidente este martes por la madrugada fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que confirma la medida. Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de 2023.

En efecto, el artículo 1° establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.

De esta manera, se abarca a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, la decisión alcanza a cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno. Son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.

Además de los trabajadores de planta permanente, que no serán afectados, se excluye también a las contrataciones “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales” y al personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad”.

No obstante, se permitirá la renovación de aquel “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento” de la misma, aunque “de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

El DNU firmado por Milei y todos sus ministros señala que las autoridades de cada área del Estado Nacional deberán realizar “un relevamiento exhaustivo” de los empleados “cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar” su continuidad.

En todos los casos, según aclara el texto, si se opta por renovar la contratación, se “deberá fundar la decisión, demostrando la necesidad” de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse “por un periodo mayor a noventa (90) días corridos”.

En tanto, este miércoles 27 tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización. Ambas organizaciones están en estado de alerta permanente respecto de las decisiones del Gobierno y lo que puede suceder con la continuidad de los puestos de trabajo en el Estado.

El jueves, además de la confederal de la CGT, habrá asambleas y plenarios en todas las centrales de trabajadores y en las organizaciones sindicales para debatir si escalarán en el plan de lucha con la convocatoria a un paro general antes de cumplirse un mes de mandato de Milei o si lanzarán otras medidas de fuerza antes.