Crimen de Blas Correas: condenaron al empleado de una clínica que no quiso atenderlo cuando llegó herido
En el segundo juicio por el crimen de Blas Correas, la Justicia de Córdoba condenó este martes por abandono de persona al empleado de una clínica que se negó a atender al adolescente mientras agonizaba.
Se trata de Fernando Gabriel Casalino, que se encontraba en la puerta del Sanatorio Aconcagua aquella madrugada del 6 de agosto de 2020 en que Blas fue baleado por la policía y se rehusó a ingresar a la víctima, que estaba en grave estado. En aquel momento, les dijo a los amigos del joven que lo llevaran a otro establecimiento, pero Blas murió cuando lo trasladaban.
Durante la investigación, el imputado aceptó la acusación y entre las partes se consensuó llevar adelante un juicio abreviado. Finalmente, este martes, el tribunal dio a conocer la pena: dos años y seis meses de prisión. Al ser una condena menor a tres años, el hombre no será encarcelado pero deberá cumplir algunos requisitos.
De acuerdo a la resolución, Casalino tendrá que realizar un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Además, por seis meses deberá hacer trabajo comunitario dos horas por semana.
“Estoy convencida de que la clínica era responsable de que estas cuestiones pasen. Casalino era o es un martillero público a cargo de decidir sobre la gravedad de un paciente, una locura. Esas locuras pasan en Córdoba”, sostuvo Soledad Laciar, mamá de Blas.
De todas formas, manifestó: “Ahora quedará en la lucha lograr que las clínicas tengan la obligación de atender a quien llegue a las puertas”.
En sus últimas palabras, Casalino se dirigió a Laciar y pidió perdón por cómo actuó aquella madrugada: “Sos una luchadora y valoro la garra y esfuerzo que le ponés a esta causa. Hice todo lo que estaba a mi alcance esa noche”.
En ese sentido, la mujer consideró que él “habló de corazón” y sostuvo: “Se equivocó, actuó mal y elijo creerle. Creo que está pagando con dolor algo que no puede remediar, que es tener en su conciencia que quizás podría haberle salvado la vida a Blas”.
“Pero yo no soy quién para juzgarlo, y elijo no hacerlo. Elijo mirar para adelante y ver qué podemos hacer para que no exista otro Blas”, remarcó Soledad.
En esta causa había otras dos imputadas: María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo, acusadas por “omisión de auxilio”. Ambas fueron sobreseídas porque pagaron $12.500 de multa, sumado a una indemnización otorgada a la familia de la víctima.
Continúa la investigación por el crimen de Blas Correas
El 31 de marzo finalizó el primer juicio por el crimen de Blas Correas en el que condenaron a prisión perpetua a los policías Lucas Damián Gómez y a Javier Catriel Alarcón por haber baleado el auto en el que el adolescente viajaba con sus amigos. Además, otros nueve oficiales recibieron penas de entre 2 y 5 años de prisión por encubrimiento; y dos agentes fueron absueltos.
De ese debate se desprendió una nueva investigación que, para la familia, es tan complicada como necesaria. El tribunal ordenó que se indague al exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Fernando Mosquera, y a Lucas Sebastián Mezzano, director General de Planificación Estratégica de Seguridad del Ministerio de Gobierno, “con relación a la entrega de un vehículo Toyota Corolla supuestamente perteneciente a un particular que se encontraba en la Casa de Gobierno de esta Provincia”.
También se solicitó que se investigue al exsubdirector de Seguridad de la ciudad de Córdoba Gonzalo Leonardo Cumplido, por “posible abono de tickets de combustible y seguro del automotor con fondos provenientes, presumiblemente, del erario público”, y la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate Belletti, quien se desempeñaba como jefa de recursos humanos de la fuerza en ese entonces.
Los cuatro están sospechados por los probables delitos de abuso de autoridad y/o malversación de caudales públicos. “Esta parte es la más complicada, pero no vamos a bajar los brazos. Es la única manera que algo cambie”, cerró Laciar./ TN
