Varios sectores sindicales se alistan para retomar las discusiones de contratos colectivos con el Gobierno la próxima semana. Con una desventaja del 20% frente a la inflación, muchos creen que será crucial recobrar el poder de compra durante el segundo semestre del año. Coinciden en la importancia de incrementar el sueldo base, pero enfatizan la necesidad de un impacto tangible en la economía familiar.

Por estos motivos, y a la luz de la próxima transición en el Ejecutivo, algunos líderes sindicales argumentan que el próximo acuerdo debería extenderse más allá de seis meses. Algunas propuestas abogan por un acuerdo hasta octubre, cuando Juan Manzur pasará el mando a Osvaldo Jaldo, mientras que otros proponen revisiones bimensuales.

Francisco Osorio, secretario de negociación de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), enfatizó la importancia de encontrar una forma de incrementar los salarios básicos que tenga un impacto real para los trabajadores. Además, en vista de la inminente transición de poder, en el sindicato consideran más apropiado un acuerdo de tres meses para no condicionar a la próxima administración y tener en cuenta la inflación. "Preferiríamos un acuerdo hasta octubre, pero el Gobierno debe tomar la decisión. Habrá cambio de ministro en octubre", advirtió el dirigente.

Osorio subrayó que actualmente la categoría salarial 18, la más baja de la administración pública, gana $ 170.000, unos $ 60.000 por debajo de la canasta básica. También indicó que para diciembre, el incremento debería ser de al menos el 48%, suponiendo optimistamente una inflación mensual del 6%.

En el primer semestre del año, el Gobierno acordó con los sindicatos un aumento salarial del 33,5% en tres fases: 17,5% en marzo; 8% en mayo; y 8% en julio, además de mejoras en los salarios básicos y otros conceptos. Sin embargo, debido a la alta inflación, a finales de mayo Manzur anunció un bono de $ 20.000 y la anticipación de la última fase. Se ha acordado que la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, iniciará conversaciones con los diversos sectores a partir del próximo martes.

Marcelo Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), enfatizó la importancia de recuperar los salarios y titularizar a unos 3.000 trabajadores. "En algún momento queremos igualar o superar la inflación. Sostener una familia con un solo sueldo es cada vez más difícil; es imposible. Necesitamos que el Gobierno tome conciencia y destine más presupuesto para los salarios. Eso es lo que mantiene la paz social", advirtió. Sánchez también hizo hincapié en la necesidad de revisiones salariales bimensuales.

Se espera que los sindicatos de docentes sean los primeros en ser convocados a la Casa de Gobierno. Isabel Ruiz, secretaria general de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys), ha venido solicitando desde junio a Manzur reuniones extraoficiales sobre contratos colectivos debido a la intensa presión inflacionaria.

En el sector sanitario, la expectación se centra en la implementación de la nueva Ley de Carrera Sanitaria, que ya ha sido numerada (9.688) y publicada en el Boletín Oficial. Según se ha afirmado, la norma podría aumentar los salarios hasta un 80% cuando se aplique, aunque todavía no ha entrado en vigor. Reneé Ramírez, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, insiste en la aplicación inmediata de la ley en las futuras negociaciones salariales.