Apartir de la vigencia del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, ya no se podrá obligar a las empresas empleadoras a aportar dinero a cámaras empresariales, algo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. Se trata de una medida contra las contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de esos acuerdos, que deben pagar empleadores no asociados o afiliados.

Según los argumentos del Gobierno, las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo. Por ende, se señala, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras a los empleadores. De todas maneras, seguirán vigentes las cláusulas de acuerdos ya firmados, en tanto que ya no se habilitará más el uso de esa herramienta.

Entre otros casos, en la actividad del comercio esta obligación les impone a los establecimientos el pago de unos $6000 millones mensuales para presuntas actividades de capacitación, según afirmaron fuentes oficiales.

¿En qué consiste ese aporte? Se trata, según se explicó, de un pago obligatorio del empleador al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que fue creado en 2008 y que alcanza a 1,2 millones de trabajadores (la de comercio es la paritaria más grande del país). Para tener una idea, según fuentes del Gobierno en marzo la cuota es de $4725,02 por empleado; representa el 0,50% del salario de maestranza A inicial y sube con cada paritaria, y se paga aunque no se capacite.

Fuentes oficiales explicaron que el Gobierno no homologará negociaciones colectivas que obliguen a hacer este tipo de aportes, ya que hasta ahora se hacía una “interpretación incorrecta” de la ley que regula estos convenios. “El cambio fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país” que no recibían este tipo de contribuciones, según comentaron las mismas fuentes.

Hay que recordar que una versión del proyecto de la Ley Bases preveía eliminar los aportes solidarios de trabajadores no afiliados a sindicatos, pero finalmente eso no fue aprobado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a hablar de la medida sobre los aportes compulsivos de las empresas en septiembre del año pasado. Entonces, se iniciaron negociaciones con la CAME y con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), con el objetivo de ir eliminando gradualmente estos aportes.

Un reclamo que lleva años

La cuestión de los aportes compulsivos fue señalada por numerosas pymes, especialmente en el sector comercial, donde se concentra una porción significativa de estos pagos. El argumento central detrás de la reforma es que los convenios colectivos son acuerdos entre partes, es decir, entre sindicatos y cámaras empresariales, pero no pueden generar obligaciones para terceros ajenos al acuerdo, como ocurre con las empresas no afiliadas. Sin embargo, durante años, el Ministerio de Trabajo interpretó de manera amplia el alcance de estos convenios, homologando cláusulas que extendían la obligación de aporte a toda la actividad, lo que derivó en el sistema actual.

El cambio representa un desafío económico significativo para muchas cámaras empresariales, que financian parte de su estructura con estos aportes compulsivos. Sin esa fuente asegurada, deberán reconfigurar sus estrategias de financiamiento, depender más de los aportes voluntarios de sus afiliados y, posiblemente, redefinir su oferta de servicios para captar nuevos socios.

Las cámaras recibían estos aportes desde hace décadas, y en algunos casos los montos no solo se usaban para capacitación, sino también para cubrir gastos operativos e incluso campañas de difusión sectorial. En ese contexto, muchas entidades anticipan que la reforma implicará una fuerte reestructuración interna, ya que perderán ingresos automáticos y deberán justificar mejor el valor de su membresía.

En un contexto donde el costo laboral y las cargas tributarias son señaladas como obstáculos para la competitividad, la eliminación de esta obligación aliviaría la estructura de costos, en particular para los pequeños comercios y emprendimientos de escala reducida. En sectores como el comercio minorista o el gastronómico, donde la rentabilidad es baja, la reducción de estos gastos puede significar una mejora en el margen operativo.

Más allá del impacto económico, la medida tiene un fuerte contenido simbólico, ya que se alinea con la política general de desregulación impulsada por el Gobierno, que busca reducir la intervención estatal y eliminar barreras que, según la visión oficial, distorsionan la libertad de empresa y la competencia. En este caso, al limitar el poder de las cámaras para imponer contribuciones a empresas no afiliadas, se busca restablecer un principio básico: cada empresa decide a qué organización adherir y a cuáles servicios contribuir.