El Gobierno ultima detalles para hacer lo propio con otro capítulo de la ley Bases: la reforma laboral, crecen las presiones empresarias y sindicales para que la normativa avance en sentido de sus intereses particulares

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó este domingo que la reforma laboral incluida en la Ley Bases entrará en vigencia esta semana. Cuáles son los cambios que comenzarán a regir.

En una entrevista, el funcionario destacó que el fondo de cese le permitirá a los empleadores armar un esquema sustitutivo de la ley contrato para poder elegir un esquema indemnizatorio que le sea más beneficioso.

"Javier le está dando a las partes que tengan la libertad de contraer su propio sistema acorde a las necesidades de la industria, con las características de su industria. Es la reforma más importante del mercado laboral que hayamos visto en décadas", destacó al señalar que la "industria de los juicios por despidos" se comían los ingresos de los empleadores.

Regularización de empleados

Luego de la reforma laboral que fue aprobada dentro de la ley Bases, quedaron establecidas las ventajas que tendrá el sector privado. Una de ellas estará enfocada en el registro y regularización para los empleadores que tengan en su nómina trabajadores en negro.

De acuerdo a la norma, los trabajadores que se encuentren incluidos en la regularización poseerán el derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil, para poder cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 para la obtención de la prestación básica universal y para la prestación por desempleo de la ley 24.013.

Además, estarán contemplados los siguientes beneficios:

  • Condonación de la deuda por capital e intereses por falta de pago de aportes y contribuciones de los siguientes conceptos: Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino); Ley 19.032 (Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados); Ley 23.661 (Régimen Nacional de Seguro de Salud); Ley 24.013 (Fondo Nacional de Empleo); Ley 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares); Ley 22.250 (Registro Nacional de la Industria de la Construcción).
  • Extinción de la acción penal (Ley Penal Tributaria 27.430) y condonación de las multas, infracciones y sanciones correspondientes a la regularización.
  • Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL - Ley 26.940), siempre y cuando se regularicen los trabajadores y se pague, de corresponder, la multa.

Qué reclaman los cámaras empresarias

El Grupo de los seis -conformado por la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); la Sociedad Rural Argentina (SRA); la Cámara de Comercio (CAC) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba)- fue recibido en varias oportunidades por funcionarios de primera línea del Gobierno, incluso por Milei. Igual camino siguió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Acompañan en su conjunto el camino emprendido por el Presidente y celebran que avance en una reforma laboral. Inesperadamente, también las pymes acompañaron la decisión. El sector suele ser más proclive a defender gobiernos desarrollistas o con perfil proteccionista de la producción local, pero la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera) le dio su apoyo a la gestión libertaria.

Además de los puntos ya incluidos por el Gobierno, grandes, medianas y pequeñas empresas coincidier

on en sumar que el fondo de cese laboral sea opcional a elección de la empresa y no por negociación gremial; la segmentación por tipo de empresa; descontar las cargas sociales a cuenta de otros impuestos; reglar las asambleas de los trabajadores; cambiar los montos de las actualizaciones de los juicios laborales, y modificar la Ley de ART.

Qué cuestionan la CGT y los gremios

Si bien la mayoría de los dirigentes gremiales reconoce la necesidad de modernizar las leyes laborales, la forma de hacerlo genera controversias dentro y fuera de la CGT.

El ala dura liderada por Pablo Moyano cree que habilitar la discusión con el Gobierno libertario es abrir una puerta a cambios que tocarían derechos adquiridos. En el sector dialoguista consideran que es un debate que se debe dar, pero clarificando cuáles son los límites.

El fondo de cese laboral al estilo de los trabajadores de la construcción es aceptado por parte del sindicalismo. De hecho, uno de sus promotores principales es el líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez. También el período de prueba y la regularización de trabajadores no registrados.

Sobre lo que hay casi plena coincidencia es en rechazar que los gremios no puedan denunciar trabajo no registrado; que se condicione el derecho a huelga -fundamentalmente en lo que refiere a asambleas y bloqueos-; la incorporación de nuevas causales de despido sin inseminación y algunos puntos que hacen al trabajo estatal.

En la reunión de mesa chica ampliada que se convocaría para esta semana, podría terminar de definirse la estrategia para el período que viene en cuanto a la relación de la CGT con el Gobierno. En momentos en que el Presidente viene de una serie de derrotas en el Congreso y con el PRO como aliado político en tensión, debatirá si es momento de endurecer -como presiona Moyano- o sentarse a dialogar, bajo la premisa de la necesidad de Milei de empezar a negociar.