El Gobierno anunció la privatización de casi 6.000 kilómetros de autopistas y rutas en todo el país. La empresa estatal Corredores Viales, que actualmente gestiona estos corredores, será disuelta, y su operación pasará a manos de capitales privados. A cambio de realizar obras de infraestructura, las empresas privadas obtendrán el derecho a cobrar peajes a los usuarios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el 45% de las rutas manejadas por Corredores Viales se encuentran en "estado crítico", con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% respecto a la tarifa técnica. Además, la empresa registró en 2023 pérdidas acumuladas por 268 mil millones y una deuda con proveedores de 142 mil millones, lo que llevó a un aporte estatal de $301 mil millones para cubrir su déficit.

La privatización se realizará bajo la modalidad de "concesión de obra pública por peaje", lo que permitirá al sector privado ejecutar obras y gestiones necesarias a su propio riesgo. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de extinguir los contratos actuales, seleccionar nuevas concesionarias y disolver Corredores Viales una vez adjudicados los nuevos contratos.

Adorni destacó que este modelo busca mejorar la infraestructura vial, ya que "subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos". Con esta medida, el Gobierno espera promover el desarrollo de obras y reducir las restricciones que impone la ley de obra pública, permitiendo una gestión más eficiente por parte del sector privado.