Una veintena de provincias aprobó el informe técnico elaborado por la Comisión Federal de Impuestos (CFI) por los fondos cuestionados sobre el traspaso de las competencias de seguridad a la ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en $ 11.000 millones el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó el presupuesto en más de $ 18.000 millones.

El informe se conoce a pocos días de que venza el nuevo plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para que los gobiernos nacional y porteño acuerden sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito capitalino, que se cumplirá el próximo miércoles 11 de mayo.

Con las únicas negativas de los representantes de la Ciudad y de Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes, veintiún provincias del organismo determinaron que "se evidencia que tanto la Contaduría General de la Nación como la Tesorería General de la Nación registran ingresos al Tesoro Nacional provenientes de la Ciudad, durante los ejercicios 2016 y 2017, por las sumas de $ 8350 millones y $ 3135 millones, respectivamente".

Por lo tanto, el relevamiento concluye que "el costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $ 11.486 millones, sin perjuicio de la correspondiente deflactación que pueda corresponder en los diferentes períodos", añadió el escrito al que accedió Télam.

En paralelo, el informe aportado por Nación durante las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad había arrojado un número similar, en poco más de $ 8000 millones, sin tener en cuenta el índice inflacionario contemplado por el informe de la CFI, lo que dejó en claro cifras similares.

Estos números, proyectados al 2021, marcaron también contradicciones, dado que la Ciudad reclama $ 112.000 millones, mientras que las provincias avalaron con su informe técnico un monto de $ 43.000 millones. El monto referenciado no contiene compensación alguna por la transferencia de bienes acordada en los convenios.

La CFI tomó intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad en 2016, que se decidiera entonces financiar con un incremento de la coparticipación federal de impuestos para la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El 10 de marzo pasado, los gobiernos de la Nación y de la Ciudad mantuvieron una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri -luego reducido al 3,5% por aquel mismo gobierno.

Cuando Alberto Fernández decidió retrotraer la alícuota e impulsar una ley para fijar la actualización de las transferencias por traspaso, la Ciudad recurrió a la Justicia para denunciar la situación y la Corte Suprema abrió, en marzo pasado, un periodo de 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, que se prorrogaron por 15 días más y vencen esta semana.

La posición del Gobierno nacional cuenta con el apoyo de los gobernadores de Santa Cruz, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, que se presentaron ante el tribunal como amicus curiae. Los mandatarios provinciales se encuentran en "alerta" y respondieron al pedido de "apoyo" efectuado por la Casa Rosada: entienden que una medida cautelar o un fallo de fondo que atienda los intereses porteños "atenta contra el federalismo, contra la ley de Coparticipación y las normas que consolidan los porcentajes asignados a cada distrito".

Fuente: Cronista

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