Rosario: un informe revela el aumento de la inseguridad

El estudio indica que la tasa de homicidios en la ciudad ya cuadruplica la media nacional. El reclamo hacia la provincia y el pedido de fuerzas federales,
martes 03 de mayo de 2022
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El espiral de violencia que sacude a Rosario parece no tener una salida visible en el horizonte. Un nuevo informe elaborado por el Observatorio de Política Criminal porteño (OPC) indica que la tasa de homicidios en esa ciudad cuadriplica la media nacional y advierte por la "pérdida del monopolio de la fuerza por parte de la policía" para pasar a un "oligopolio" compartido entre policías y criminales.

La investigación titulada "Rosario: un sueño de Paz" detalla que la "cuna de la bandera" es desde hace años la ciudad más violenta del país. "El mayor porcentaje de los homicidios dolosos, más allá de distribuirse a lo largo de todo el territorio, se condensó en los barrios periféricos de la ciudad, principalmente los creados alrededor de las viejas industrias y frigoríficos que cerraron durante la década del 80' y principios de la década del 90", afirma el informe.
 
Sobre este punto, el texto sostiene que "los barrios populares donde aquellas conflictividades que antes eran abordadas por las agencias sociales (en sus causas y en sus expresiones pacíficas) pasaron a ser abordadas en los últimos 30 años por la agencia policial (en sus consecuencias y sus manifestaciones violentas), dando margen para la discrecionalidad y la regulación territorial".

"El problema más grave que padece Rosario es que el Estado provincial terminó cediendo el uso monopólico de la violencia en distintos grupos criminales para que estos resuelvan los problemas emergentes del crimen organizado a través del uso de la fuerza y al margen de la ley", analiza el OPC, y agrega que esto produjo que "Rosario se haya convertido desde hace una década en un enclave territorial regido por un oligopolio que reparte entre policías y delincuentes la potestad de dar muerte".

Para graficar las cifras, entre 2018 y 2020, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes se mantuvo entre los 5 y poco más de 10 en municipios bonaerenses como Moreno, Quilmes, La Matanza y Lomas de Zamora, mientras que en Rosario ese índice superó los 15 en dos de los tres años comprendidos, siendo 2020 el peor. "En Rosario, en comparación con otras ciudades argentinas, fue que, por la rentabilidad inmensa que este mercado genera, se desató una confrontación más violenta que en otras ciudades, como por ejemplo Córdoba capital o la Provincia de Buenos Aires que no registran ni por asomo índices de letalidad similares", explica el estudio, que además profundiza en cómo el país dejó de ser solo un lugar de tránsito para convertirse también en uno de producción y consumo.

Un detalle alarmante que deja la investigación es que el mayor porcentaje de los homicidios dolosos registrados no están relacionados con la delincuencia ordinaria, sino con la criminalidad organizada. Según los datos, el 60% de los homicidios registrados revelan ese patrón. Además, casi el 77% de dichos homicidios tuvo planificación previa, y en el 85% de los casos los hechos registrados fueron cometidos con la utilización de armas de fuego. El relevamiento también expone que la mayor parte de las víctimas de los homicidios registrados son jóvenes varones de entre 15 y 29 años, es decir, la franja masculina más activa en términos sociales y económicos de la ciudad, y que casi la totalidad de los homicidios dolosos ocurrió en la vía pública, lo que denota que las conflictividades se dirimen en la calle y a la vista de la agencia policial.

Con respecto a la responsabilidad política, el documento aclara que "pese a las intenciones de los sucesivos gobiernos santafesinos en controlar lo atinente a la violencia narco en Rosario, lo cierto es que mientras esta situación de anomia y atomización policial perdure, será imposible para cualquier bandera política impactar de lleno en la criminalidad". En paralelo, identifica tres causantes de la violencia reinante: el cambio en el paradigma del consumo y de la comercialización de estupefacientes en los centros urbanos de la Argentina; la atomización del control territorial por parte de la policía y la consolidación de un orden económico violento y clandestino.

"No se tiene que intervenir en Rosario en términos bélicos ni con despliegue de tropas", afirma el abogado especialista en política criminal y seguridad ciudadana y director del Observatorio de Política Criminal porteño, Ariel Larroude. En vez de eso, propone atacar el problema mediante "seguridad ciudadana e inteligencia criminal" a través de las fuerzas federales y no de la policía local.

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A modo de cierre, el OPC sugiere una serie de puntos para abordar la problemática: la creación de un Comité de Crisis en el marco de la ley de Seguridad Interior; la regionalización operativa de las fuerzas de seguridad, principalmente para la prevención y represión de los delitos vinculados a la narco-criminalidad; abrir una discusión seria sobre el rol de la Inteligencia Criminal en la Argentina; la promoción continua y obligatoria del “Plan Voluntario de Desarme Civil” y, por último, avanzar hacia una modificación sustentable de la ley de drogas que actualmente rige en la Argentina.

En apenas cuatro meses del 2022, Rosario ya acumula más de 90 asesinatos, la mayoría vinculados a ajustes de cuentas entre bandas narco. Días atrás, el gobernador santafesino, el peronista Omar Perotti, desplazó al secretario de Seguridad provincial Jorge Bortolozzi y designó al exgendarme Claudio Brilloni en su lugar.

Al calor de esta crisis, Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibieron este lunes en Casa Rosada a Perotti y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. Allí el Gobierno se comprometió a enviar 300 gendarmes más a territorio rosarino y a designar un comandante de la fuerza federal para coordinar la lucha contra el crimen junto a las autoridades locales.

Fuente: Ámbito